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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

$1.460 millones invertirá Corvivienda en 2010

cuatro mil predios serán legalizados en 2010


Luego de la exitosa gestión de Corvivienda en materia de Legalización de Predios en 2009, donde se logró superar la meta establecida, la entidad anunció que comenzó a trabajar en la meta 2010.


Serán 4000 predios los que Corvivienda legalizará en el presente año, para eso destinó $1.460 millones de pesos, una cifra importante y ambiciosa si se compara con los años anteriores.


El éxito de Corvivienda en legalización y escrituración consiste en la optimización de procedimientos y recursos económicos, según informó la Doctora Marina Mosquera, la entidad dejó de contratar personal externo para que realizara los trámites notariales y de registro, ahora son los mimos funcionarios los que se encargan a asesorar, acompañar y finalizar cada una de las legalizaciones, a excepción de aquellas diligencias que se realizan ante Instrumentos Públicos, Agustín Codazzi, pago de impuestos a Gobernación y notarias.


“Asumiendo en propiedad la elaboración de las minutas hemos logrado, reducir costos, agilizar procesos, disminuir el trámite ante los beneficiarios; teníamos casos de personas que se quejaban porque les hacían firmar una misma escritura hasta seis veces, así mismo logramos revisar las posibilidades reales que tienen algunos sectores de ser o no escriturados, porque nos ocurrió también que se hicieron escrituras de lotes que estaban en alto riesgo y debían ser reubicados”, dijo Marina Mosquera Cuesta.


Cada año Corvivienda contemplaba dentro de su presupuesto una partida para la realización de este tipo de trámites, con la implementación de esta nueva metodología se logró disminuir de $360 millones de pesos a sólo $22 millones en 2009, lo que significa un éxito de la nueva política de legalización, liderada por la Gerente de Corvivienda.


“Por otro lado hemos comenzado con el proceso de recuperación de cartera, hasta el momento hemos logrado recuperar unos $75 millones de pesos, esta fue una de las recomendaciones que nos hizo la Contraloría en 2008, lo cual nos sirvió para recuperar unos recursos que permitieron que Corvivienda no se quedara sin capital para continuar con los procesos de legalización”, puntualizó Marina Mosquera Cuesta.


En estos momentos Corvivienda ha realizado 194 estudios socioeconómicos en lo que va corrido del 2010, lo que significa un ahorro hasta la fecha de $3.660.000, al finalizar este año se espera quela meta de 4000 predios sea cumplida y superada.

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