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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

20 años de cine medioambiental


El Festival de Cine Medioambiental de Washington, que inauguró el martes su vigésima edición, proyectará en las próximas dos semanas 17 trabajos documentales de Latinoamérica y España, además de otras cinco producciones internacionales que se adentran en la realidad hispanoamericana.

“El cine latino todavía no da la atención debida al medioambiente, siguen siendo documentales muy enfocados a temas sociales, pero hay quienes sí se dedican a ello y ha ido creciendo con los años”, subrayó Maribel Guevara, la programadora de cine latinoamericano del Festival.

Por ello, el evento ha programado 17 filmes latinos para esta edición producidos en España, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Belice y la Guayana Francesa.

Guevara destacó el filme “Rehje”, en el que la directora Anais Huerta se adentró en los fuertes contrastes vividos por una indígena entre Ciudad de México y su pueblo nativo, y que se suma al trabajo también mexicano “Jardín en el mar”, que reclama la protección del área de Baja California.

El Festival también aprovechará la reciente nominación de Lucy Walker al premio Óscar al mejor trabajo documental para hacer una retrospectiva sobre esta directora, que incluye la proyección del filme “Waste Land” sobre el mayor vertedero del mundo, Jardim Gramacho, en Brasil.

Proveniente de España, se proyectará por primera vez en Estados Unidos el documental sobre la desertización del mar de Aral de la cineasta Isabel Coixet, “Aral: The lost Sea”.

También llegan a la capital estadounidense las producciones “¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?”, codirigida por el español Norberto López Amado y el afincado en Madrid Carlos Carcas, y “Sucumbíos tierra sin mal”, del riojano Arturo Hortas, que analiza los efectos de la extracción petrolífera en Ecuador.

Guevara considera que el Festival de Cine Medioambiental de Washington se ha convertido en estos 20 años en el decano del documental de materia ambiental y en un referente para otras iniciativas internacionales.

“Es una ciudad en la que tenemos una gran facilidad para contar con expertos ambientales de organizaciones internacionales basadas aquí y nos permite reflexionar después de las proyecciones con ellos”, relató Guevara, que ve este factor “clave para haber ido creciendo” al no solo entretener, como hace el cine en esencia, sino también educar.

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