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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.


Una nueva propuesta. Perfilando como una propuesta independiente para los paisanos su nominación para la Gobernación de Caldas en las próximas elecciones atípicas, a celebrarse dentro de 35 días, el dirigente gremial Eugenio Marulanda Gómez habló sin pelos en la lengua con el Barquero. De entrada notificó que está resuelto a romper los viejos moldes de la politiquería que tiene secuestrada a la opinión del otrora Departamento Modelo, hoy convertido en “cárcel modelo” de una dirigencia que ha sido inferior al legado de sus ancestros.

El partido de la I. Expresó el aspirante al Palacio Amarillo que se presentará a nombre del Partido de la I (la tercera vocal) en donde confluyen en uno solo los independientes, los inconformes, los indignados y los insatisfechos. Siguiendo la misma inicial, explica que todo se hará con “inclusión e ilustración”, iniciando así un nuevo círculo virtuoso; un nuevo talante político y una nueva forma de asociar a los ciudadanos con el poder. Se trata de relacionar a la comunidad con lo público, después de haber privatizado la política por más de cuarenta años.

Apoyos del hombre de la I. Acompañan a Marulanda Gómez organizaciones independientes como la ASI, en unión de los Verdes, los Progresistas, Opción Ciudadana, indígenas, Afrodescendientes, empresarios y organizaciones sociales de base. El candidato a la Gobernación caldense se presenta como el más bien aperado académica y científicamente. La disputa del 25 de agosto, en las urnas, será con Augusto León Restrepo y Julián Gutiérrez.

Hoja de vida. Caldense raizal, este administrador de empresas estudió en el colegio San Luis Gonzaga, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá. Su trayectoria gremial, empresarial y política ha estado al servicio del país y sometida al escrutinio de la opinión pública. Ha pasado por distintos escenarios gremiales: fundó el gremio del transporte de carga colombiano Colfecar y lo presidió por tres lustros. Presidió durante doce años las Cámaras de Comercio, músculo fundamental de la organización empresarial y social de Colombia y participó en distintos procesos de paz.

La trayectoria. Su trayectoria nacional tiene seria injerencia en las agencias gubernamentales, públicas y privadas, en los estamentos académicos, en los estamentos propios de la cooperación internacional, para poner a circular nuevamente a Caldas con la prestancia de antes en sitiales de relevancia.

Sus raíces. El apellido Marulanda está estrechamente vinculado a la historia de la región. Ha estado incrustado en el alma caldense. Proviene de don Fermín López, el primero de los hombres que descuajaron y pisaron tierras manizaleñas; de los creadores de la caficultura colombiana don Antonio Pinzón y don Carlos E. Pinzón y de quien instauró la cultura humanística en Caldas: don Francisco Marulanda Correa. Todos sus arraigos son caldenses; tiene conocimiento de estas tierras, como quiera que su génesis procede de aquellos que recorrieron los caminos de la colonización y están vigentes en nuestros días.

Peor el remedio que la enfermedad. Como víctima que he sido del altísimo costo de los medicamentos me veo en la penosa obligación de ventilar mi caso desde esta columna. Después del accidente que sufrí en un reconocido hotel de la Costa Caribe, que me hizo transitar por una dolorosa calle de la amargura durante el último mes, el relato lo resumo diciendo que me resultó peor el remedio que la enfermedad.

Don Juan Gossaín. Después del penoso trance vivido, llegar a una droguería resultó suficiente para alterar mi presión arterial, que se disparó por cuenta del alto costo de los medicamentos. Gracias a Dios aparece don Juan Gossaín con un conmovedor relato en el diario El Tiempo: “En Colombia es más barato un ataúd que un remedio”. Pero lo grave del asunto es la respuesta del ministro de la Salud Pública, Alejandro Gaviria, quien dijo sin sonrojarse en su cuenta del desenfrenado Twitter que “en Colombia el narcisismo moral da para todo, hasta para el periodismo que se ufana de ignorar los hechos… Gossaín tiene una forma bastante peculiar de saborear su propia ignorancia”.

Recordar es vivir. Lo denunciado por Gossaín lo padecemos la mayoría de los colombianos. Cuando viviendo de iboprofeno, las gentes caminan porque ven caminar, acudiendo a los yerbateros de turno, por miedo a los altos costos y añorando el Conmel, Mejoral, Veramón, Baltisicol Compuesto, el Agua florida de Murray, el Cofrón, el Aceite de hígado de bacalao y hasta el Dolorán y las cafiaspirinas que, como decía mi bisabuelo Pepe Calderón, desde su tienda de abarrotes en Neira, son tan baratas que no afectan el corazón de ninguna solterona.

¿Narcisismo puro? Después de lo denunciado por Ramón Elejalde en su columna del 10 de marzo, según la cual, “medicamentos con precios escandalosamente altos en Colombia, que en países vecinos tienen precios razonables”, contemplo con arrobamiento los detalles de ambas denuncias, no por narcisismo puro, sino por realismo craso, y apelo a la experiencia de mis lectores para que decidan si son meros espejismos o crueles vivencias cotidianas.

Comparemos. Plavix de 75 mg., indicado para prevenir acontecimientos aterotrombóticos, cuesta en Colombia $ 215.000 la caja de 28 tabletas, cuando en Ecuador vale $ 52.000, y en Venezuela $ 32.000. Una caja de 10 pastas de Atorvastatina de 20 mg., utilizado para disminuir el colesterol en la sangre y prevenir las enfermedades cardiovasculares, en Colombia cuesta $ 29.600, en Ecuador, $ 13.000 y en Venezuela, $ 4.080. La caja de Losartan para combatir la hipertensión arterial cuesta en Colombia $ 12.000, en Ecuador $ 5.400 y en Venezuela $ 1.940. El antidiabético Glucophage cuesta en Colombia $ 32.000 mientras en Venezuela $ 900.

Que el Gobierno se toque. Y remata Elejalde: “Mejor haría el Gobierno en poner fin al enriquecimiento injustificado de productores y distribuidores de medicamentos a costa de los exiguos presupuestos familiares. A propósito del ministro Gaviria. ¿Será cierto que en días pasados llegó raudo a un hospital diciendo: “soy el ministro de Salud y traigo a mi padre enfermo”?

William Calderón
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