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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

A ese cuento le falta un trocito…


Comienzo este comentario pidiéndole a los amigos ‘furibistas’ que me favorecen leyendo el ‘Punto de encuentro’ de cada semana, que no sean tan quisquillosos cuando las alas de mariposa de mis palabras tocan al líder supremo don Alvarito, porque él pareciera estar hecho de teflón y todo le resbala. No le entran balas y menos comentarios.

Con esa petición por delante, debo decir que no salgo de mi asombro al ver la forma en que un personaje de sus charreteras, que ha ocupado los más altos cargos públicos del país, tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva, un señor que acaba de ser electo para integrar el congreso nacional, se pasa por el arco del triunfo —como Thalía*— las instituciones y sin el más mínimo respeto —y de paso dando un muy mal ejemplo— decide que no le sale de sus tres huevitos entregar a la fiscalía las supuestas pruebas que dice tener y que demostrarían el ingreso de dólares ‘calientes’ a la campaña presidencial 2010 de su sucesor, exministro y exprotegido Juan Manuel Santos.

Dijo que no iba a la fiscalía en el primer emplazamiento y en el segundo acudió sólo para solicitar que el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el vicefiscal, Jorge Perdomo, se declararan impedidos para intervenir en la investigación por el pago de U$2 millones de dólares procedentes del narcotráfico que habría hecho el exasesor político J.J. Rendón a la referida campaña.

Lo más curioso es que el expresidente parece olvidar que en esa campaña él figuraba en el rol de padrino, un padrino que tenía además a su entera disposición todo el apara taje del estado en materia de investigación —no podemos pasar por alto las ‘chuzadas’ de la cacareada seguridad democrática—, por lo que si algo como eso hubiera sucedido, el primero en saberlo debió ser él. Entonces, ¿lo supo entonces y hoy que está en la otra orilla lo saca o lo inventó para joder a quien —según él— lo traicionó porque no le dejó mandar desde la sombra?

Cualquiera de las posibilidades resulta perversa, pero lo son más si tomamos en consideración que J.J. fue asesor de la segunda campaña presidencial de don Alvarito y, debido al éxito que tuvo, fue precisamente él —padrino al fin— quien lo arrimó a la de Santos. ¡Qué curiosidad!

* Ver página 11.
Alfredo Mantilla
director@elcolombiano.net

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