Acusan a 14 presuntos cómplices de grupo armado en Paraguay

La Fiscalía de Paraguay presentó hoy la acusación formal por complicidad y asociación criminal contra 14 presuntos cómplices del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el proceso por el secuestro de un ganadero en 2008.

Los fiscales Federico Delfino y Sandra Quiñónez realizaron ese trámite ante el juez Jorge Benítez, en la ciudad de Concepción, capital del departamento del mismo nombre, a 450 kilómetros al norte de Asunción y aledaño con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

La acusación fue presentada en el juicio contra 14 pobladores de esa región que presuntamente colaboraron en el secuestro del ganadero Luis Lindstron, que fue liberado el 12 de agosto de 2008 luego de 40 días de cautiverio y el pago de 300.000 dólares.

Las autoridades atribuyeron el secuestro al EPP, un grupo armado de izquierda que opera en las regiones boscosas del noreste del país y que, según la Fiscalía, recibió adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese grupo también se habría atribuido la semana pasada, a través de un panfleto, la detonación de una bomba en una sede policial de la ciudad de Horqueta, vecina a Concepción, que causó heridas de diversa gravedad a cuatro agentes y daños en una patrullera.

Ese ataque se produjo cuatro días después de que dos artefactos explosivos causaran daños materiales en la sede de la emisora de televisión Cerro Corá (Canal 9) y en una plaza pública aledaña a este edificio, en Asunción.

Tras este atentado, también fue hallado un panfleto presuntamente emitido por el EPP en el que se asevera que ahora la prensa local se ha convertido en uno de los "objetivos militares" de este grupo armado.

Las autoridades también investigan la vinculación con ese grupo de trece jóvenes, nueve de los cuales fueron imputados por presunta apología del delito y asociación criminal tras ser arrestados en la víspera en un presunto campamento de adiestramiento, en el departamento de Alto Paraná, también en la frontera con Brasil.

Los delitos perpetrados por el EPP obligaron al Gobierno el 24 de abril de 2010 a declarar el estado de excepción durante treinta días en cinco provincias del noreste para que la Policía y las Fuerzas Armadas puedieran combatir a este grupo.

Esos procedimientos concluyeron sin que los organismos de seguridad hayan logrado capturar a los cabecillas de la banda, por quienes han ofrecido recompensas, aunque meses después fueron abatidos cuatro de sus dirigentes en choques con policías.

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