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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Arranca “macrojuicio” por las prótesis de PIP


Más de 5.000 víctimas, 300 abogados y cinco acusados protagonizaron el miércoles en Marsella (sur de Francia) la apertura del proceso por las prótesis mamarias defectuosas, un "macrojuicio" por estafa contra los creadores de estos implantes que más de 80.000 mujeres llevaron en todo el mundo hasta su prohibición en 2010.

En el centro de todas las miradas, el principal acusado, Jean-Claude Mas, propietario y fundador en 1991 de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), que llegó a ser el cuarto productor mundial de implantes mamarios, en buena medida gracias a su bajo precio, ya que estaban fabricadas con un gel no autorizado, un derivado de una silicona industrial diez veces más barato que los productos homologados.

Con ese procedimiento, que con ayuda de los empleados de la empresa ocultó a las inspecciones sanitarias, PIP logró un ahorro de un millón de euros anuales, según la acusación.

Y levantó un imperio asentado primero en Francia, pero que con el tiempo miró fuera de las fronteras galas, donde obtenía el 84 % de su facturación, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se calcula que 33.000 mujeres se implantaron sus prótesis.

Una maquinaria que funcionó hasta que los médicos detectaron un elevado porcentaje de ruptura de los implantes PIP, lo que llevó a abrir una investigación que sacó a la luz la estafa.

Mas llegó a la audiencia rodeado de sus abogados y en medio de los insultos de muchas de las víctimas, que le acusaron de haberlas "envenenado".

El fundador de la empresa, descrito por sus empleados como un "dictador", defiende que el gel que él inyectaba en sus prótesis era mejor que el homologado y más barato y asegura que no tenía ningún riesgo para la salud.

Un argumento que los servicios de inspección médica no han podido rebatir, ya que por el momento no han demostrado que los implantes PIP tuvieran consecuencias sanitarias.

Aunque sí que han detectado que un alto porcentaje de ellas presentaban anomalías, lo que hacía más sencillo que se rompieran o que supuraran.

Mas no ocultó en sus interrogatorios ante la policía que utilizaba su propia silicona, lo que le llevó a pasar varios meses en prisión por negarse a pagar la fianza arguyendo no tener liquidez.

Un argumento que repitió hoy ante el tribunal, donde aseguró que sus únicos ingresos son los 1.700 euros que cobra de pensión, una declaración recibida con pesadumbre en la sala donde asisten al proceso decenas de afectadas, que piden ser indemnizadas por los daños sufridos.

Sus esperanzas de cobrar chocan contra las declaraciones de los abogados de Mas, que aseguran que está en la ruina, con su empresa en quiebra.

Un argumento que no cree la acusación particular, que no se explica dónde está el dinero amasado durante una década y que sospecha que puede estar a buen recaudo en cuentas abiertas en Venezuela o en Costa Rica.

Aunque todo eso no será tratado en el proceso de Marsella, donde solo se juzgarán las acusaciones de estafa, por las que Mas puede ser condenado a un máximo de cinco años de cárcel.

Los abogados de las víctimas también lamentan que en el banquillo de los acusados no se sienten los responsables de las inspecciones sanitarias que no hicieron bien su trabajo o la empresa alemana que certificaba las prótesis PIP y que durante años dio su aval a un producto que no estaba conforme a las normas.

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