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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Campaña mediática para evitar la extradición del “hacker” Gary McKinnon a EE.UU.



Un diario británico ha puesto en marcha una campaña mediática para evitar la extradición a Estados Unidos de Gary McKinnon, un "hacker" que sufre síndrome de Asperger (una forma de autismo) y que en 2002 logró meterse en los sistemas informáticos del Pentágono y de la NASA, obsesionado con la vida extraterrestre.


Desde entonces las autoridades estadounidenses le persiguen para que cumpla una pena de cárcel por "ciber-terrorismo" y están a punto de lograr que el Gobierno del Reino Unido conceda la extradición, según denuncia el diario "Daily Mail", que es el que ha impulsado la campaña.


El nacionalista "Daily Mail" pide públicamente al ministro del Interior, Alan Johnson, que detenga la extradición de McKinnon, de 43 años, porque ha pedido perdón por el delito cometido y porque vivir encarcelado fuera de su país puede poner su vida en peligro.


La campaña es respaldada por varios parlamentarios, que aprovechan la ocasión para atacar la ley de extradición entre Londres y Washington, que fue aprobada en 2003, porque convierte en un trámite fácil la entrega de un nacional británico a EEUU.


Los parlamentarios dicen que esa ley se aprobó al calor de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EEUU y que el Gobierno dirigido entonces por el laborista Tony Blair cedió a las presiones de Washington para agilizar este trámite en una sola dirección: la de los británicos extraditados a Estados Unidos.


Según el "Daily Mail", la defensa de McKinnon prácticamente ha agotado todos los recursos legales a su alcance, por lo que la extradición podría autorizarse en cuestión de unas pocas semanas.


"Este es un caso que suscita numerosas preguntas, no sólo sobre el tratado de extradición entre el Reino Unido y EEUU, sino sobre cómo afrontamos el problema de una persona que claramente tiene problemas mentales", dijo el responsable de Interior del opositor Partido Conservador, Chris Grayling.


El portavoz del Partido Liberal-Demócrata, Chris Huhne, manifestó que "sería un insulto a la Justicia británica que Gary McKinnon fuera enviado a EEUU para ser juzgado" y añadió que su "condición médica debería justificar un enfoque mucho más compasivo".


Sus abogados recuerdan que el síndrome de Asperger es una forma de autismo, que en ocasiones deriva en comportamiento obsesivos.


Quienes conocen a McKinnon aseguran que si logró burlar los sistemas de seguridad del Pentágono y de la NASA con un pequeño ordenador personal fue por su obsesión por la informática y por todo lo relacionado con la vida extraterrestre y los OVNIS.


"Lo que hice fue ilegal y estuvo mal, pero la reacción de los estadounidenses es agresiva y totalmente desproporcionada", dijo el acusado citado por el "Daily Mail".


La decisión final sobre la extradición la tiene el ministerio del Interior, donde un portavoz recordó a este diario que los recursos presentados por la defensa de McKinnon contra la extradición han sido rechazados por el Tribunal Supremo británico, la Cámara de los Lores y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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