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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Campesinos colombianos encuentran su redención en la palma

La caribeña región colombiana de Santa Marta se ha transformado en un espacio de esperanza para los campesinos que desde la pobreza han pasado a ser microempresarios con el cultivo de palma de aceite, la materia prima de los biocombustibles.


Pese a la polémica generada en torno a estos cultivos, Leopoldo Blanco, de 52 años y oriundo del humilde corregimiento de Soplador, es uno de los 6 mil beneficiarios de las alianzas estratégicas entre grandes empresarios y cultivadores de palma en el país, el segundo productor latinoamericano de biocombustibles, sólo superado por Brasil.


Este campesino, que nunca ha ido a la escuela, es propietario de 28 hectáreas de tierra donde cultiva desde hace cinco años palmas, cuyo fruto vende a la empresa CI El Roble, una de las seis plantas extractoras de aceite que operan en la región norte de Colombia.


Su cosecha le reporta unos dos millones de pesos mensuales (más de 800 dólares) para mantener a su esposa y cuatro hijos, con quienes conforma una microempresa que además da empleo a otros dos campesinos de la zona.


Blanco asegura que es mejor “sembrar lo que siembra el rico” porque la yuca, el maíz o el ají son buenos para el consumo familiar pero no rentables.


“Uno siembra yuca cuando está a quinientos pesos la libra y cuando la va a cosechar se la quieren pagar a cien pesos, con la palma no pasa esto”, matizó.


Tras 40 años en la palmicultura la empresa CI El Roble, propiedad de una familia tradicional de Santa Marta, cuenta con una extractora de aceite para unas nueve mil hectáreas, lo que ha generado mil 800 empleos indirectos.


Esta empresa lidera siete alianzas estratégicas que agrupan a 309 familias de campesinos, propietarias de 4.263 hectáreas de tierra a un promedio de 13,6 hectáreas cada una.


“Todos son propietarios de su tierra, en ningún momento hay hipotecas”, aseguró el director de alianzas de CI El Roble, Jairo Saavedra.


La empresa compra la fruta de la palma a los campesinos durante 25 años y les cancela cada dos semanas la tonelada a un valor que se tasa de acuerdo al precio internacional vigente del aceite.


“Ellos vienen hasta mi finca y me recogen la fruta y quincenalmente me consignan mi dinero”, asegura Blanco, un afrodescendiente que sostiene que con la palma, además de asegurar sus ingresos por 25 años, ha aumentado su nivel social.


La región de Santa Marta fue en la década de 1990 una de las zonas más afectadas por el conflicto entre guerrilleros y paramilitares, éstos últimos a la sombra de políticos, terratenientes y militares corruptos que trataban de recuperar el control de la región perdido en cincuenta años de guerra civil.


Relativa tranquilidad


El comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Arbey García, aseguró que la zona goza de “tranquilidad”, aunque reconoció que aún queda un grupo paramilitar, denominado “Los Paisas”.


Si bien la palma de aceite ha permitido que muchos campesinos encuentren un sustento de vida a largo plazo, algunas organizaciones no gubernamentales denuncian que este cultivo es nocivo para el medioambiente, porque extiende la frontera agrícola hacia zonas protegidas.


Además han llamado la atención porque supuestamente está generando desplazamientos masivos de comunidades por la acción de las grandes empresas.


El responsable de Planificación y Desarrollo de la Federación Nacional de Productores de Palma (Fedepalma), Andrés Castro, lo negó al insistir en que “hay alineamientos de tipo gremial para que no se desarrollen proyectos que no tengan en cuenta a la comunidad”.


Y en cuanto a los desplazamientos dijo que “grandes empresarios buscan adquirir tierras a los campesinos; esto puede ser lo que se está denunciando, pero no es un desplazamiento violento o forzado, sino un desplazamiento de tipo económico en razón de nuevos proyectos productivos”.


Según Fedepalma, de las 350 mil hectáreas de tierra sembradas en Colombia, 60 mil están en manos de pequeños productores que las usufructúan a través de alianzas.


La Federación cree que en Colombia hay un potencial de 3,5 millones de hectáreas para palma, lo que significa que se está cultivando sólo en el 10 por ciento del área apta.

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