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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Canadá le da portazo a colombiana


Las autoridades migratorias canadienses ordenaron la deportación de la familia de la joven colombiana Jessica Aristizábal, quien se encuentra en una batalla legal por la custodia de su hijo, dijo hoy a Efe el abogado de la familia.

"La familia Aristizábal (la madre, hermana y tía de Jessica) mantuvo ayer una reunión con representantes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés) durante la que se les informó de la decisión", reveló hoy a Efe su abogado, Richard Wazana.

Wazana añadió que CBSA confirmó que no procederá a la expulsión del país de Jessica por lo menos hasta el próximo 26 de marzo, fecha en la que está prevista una nueva vista judicial sobre la custodia de Jonathan, el bebé nacido de la relación de Jessica con el ciudadano canadiense Daniel Ricardo Velásquez.

Jessica, de 19 años de edad; su madre, Claudia; su hermana y su tía tenían que haber sido deportadas de Canadá el pasado 2 de enero después que las autoridades canadienses rechazaran su petición de refugio.

Pero la deportación quedó en suspenso cuando un tribunal de familia concedió a Jessica la custodia inicial de su hijo.

El pasado viernes, la jueza Sheilagh O'Connell confirmó la custodia del pequeño Jonathan a Jessica y dijo que el bebé no puede salir de Canadá, por lo que recordó a las autoridades migratorias canadienses que la joven no podía ser deportada del país.

Durante la misma vista, la representante legal de CBSA señaló que Canadá quiere que la familia Aristizábal, incluida Jessica, sea deportada "lo antes posible".

La solución de CBSA al dilema planteado por la jueza O'Connell es deportar a la madre, hermana y tía de Jessica y mantener a ésta en Canadá mientras se resuelve la batalla por la custodia de Jonathan.

Wazana dijo a Efe que CBSA todavía no ha comunicado en qué día se procederá a la deportación de los familiares de Jessica y que tiene que evaluar las posibles medidas a tomar para evitar su expulsión.

La familia Aristizábal llegó a Canadá en 2008 procedente de Estados Unidos y tras huir de Colombia después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaran a un familiar.

Pero las autoridades canadienses rechazaron la petición de refugio al no considerar probado que la familia corriera peligro en Colombia. Wazana dijo a Efe que en gran medida el rechazo de la petición de refugio se debió a que el anterior abogado de la familia no presentó un caso adecuado antes las autoridades canadienses.

Otro elemento que complica el caso es el hecho de que la semana pasada Jessica se casó con el ciudadano canadiense de origen colombiano Sebastián Ramírez.

Ramírez ha iniciado los trámites para patrocinar la residencia de la joven colombiana en Canadá, lo que anularía la orden de deportación de Jessica.

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