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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Casi $200 mil millones para desplazados en el 2005

Los recursos están contemplados en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso

El Gobierno Nacional incluyó en el proyecto de presupuesto del año 2005 una partida por valor de 198 mil millones de pesos, recursos que serán invertidos en programas de prevención y atención del desplazamiento forzado.



Así lo informó la Red de Solidaridad Social en el documento que envió a la Corte Constitucional la semana anterior, el cual contempla los cronogramas ajustados y las acciones implementadas por el Gobierno para afrontar el problema del desplazamiento en Colombia.



El proyecto de presupuesto para la vigencia de 2005, que fue radicado por el Gobierno en el Congreso el 29 de julio de 2004, también incluye un artículo sobre priorización el año entrante de los recursos para la atención a la población desplazada.



Se trata del Artículo 58, que dice textualmente: “Las entidades responsables de la atención integral de la población desplazada por la violencia en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos a la atención de la población desplazada por la violencia, de acuerdo con el plan diseñado por el Gobierno Nacional, en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional”.



El mencionado documento que se entregó a la Corte Constitucional contempla otras acciones concretas de atención a la población desplazada. Entre ellas las siguientes:

–Convocatoria nacional para la asignación de subsidios por 20 mil millones de pesos para la población desplazada, de junio 30 a agosto 17 de 2004.



–Implementación del programa de subsidio familiar de vivienda en especie, en el cual la población desplazada tiene prioridad para acceder a una oferta real de vivienda tipo 1 en gran parte del territorio nacional.



A la fecha se encuentran estructurados en etapa de estudios y diseños 18 proyectos en terrenos de diversas entidades del orden nacional, los cuales potencian alrededor de 5.714 soluciones de vivienda. Se espera con esta estrategia superar por lo menos el 10 por ciento de la demanda potencial.



–Implementación de modelos educativos flexibles en los municipios receptores y de retorno de población desplazada, a través de la ejecución de 364 experiencias con las metodologías “aceleración del aprendizaje y metodología Cafam”. De febrero 3 a diciembre 31 de 2004. Para 10.667 estudiantes y 349 docentes.



–Construcción, dotación, adecuación y reparación de establecimientos educativos en lugares de retorno y municipios receptores de población escolar desplazada. De marzo de 2004 a marzo de 2005. En agosto de 2004 se contó con el diagnóstico situacional que arrojo 77 instituciones escolares que serán intervenidas con obras de infraestructura y dotación. Aproximadamente 12 mil escolares beneficiados de manera directa.



–Asignación de subsidios del Fondo Men–Icetex. Para 2.911 estudiantes.



–Apoyo del Fondo Nacional de Regalías a las entidades territoriales en la ampliación de cobertura educativa a poblaciones vulnerables a través de la contratación de la prestación del servicio educativo. Para 19.773 estudiantes.



–Fortalecimiento en las ciudades mayoritariamente receptoras de población desplazada del programa de Atención Humanitaria de Emergencia. Para 17 ciudades que benefician como mínimo a 8 mil hogares.



–Autorización del Consejo Nacional de Seguridad Social en la ampliación de 100.009 cupos en el año 2004 para el acceso a la salud de la población desplazada en diferentes municipios del país.



–Cabe agregar que, a través del proyecto de adición presupuestal para la vigencia de 2004 que se presentará al Congreso en octubre próximo, el Gobierno Nacional busca recursos por 128.500 millones de pesos para invertir en atención a la población desplazada del país.



De estos128.500 millones de pesos de adición presupuestal, 120 mil millones de pesos serían invertidos a través de la Red de Solidaridad Social y 8.500 millones de pesos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).



De acuerdo con el alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, el Gobierno Nacional se ha propuesto, en lo que resta de 2004 y en el 2005, destinar los nuevos ingresos para atención desplazada prioritariamente hacia programas de generación de ingresos, dotación de tierras y vivienda social, en beneficio de los colombianos que han sido víctimas de este flagelo.





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