‘Casitas felices’ construidas sobre predio en litigio


Con 80 años de edad, doña Olga Cortés de Osorio ha logrado poner contra las cuerdas a varios poderosos, al invocar su derecho fundamental al debido proceso en un litigio donde están de por medio las primeras viviendas gratis que pretende entregar en Pereira el Presidente Juan Manuel Santos.

A su lado, el abogado Fabio Marín, ha asumido con valor y sapiencia la orientación jurídica de una familia que invocando a la letra las leyes de la república, ha enfrentado en estrados judiciales a ex gobernadores, altos oficiales de la Policía Nacional, funcionarios públicos del orden municipal y Departamental e inclusive a jueces que actúan llevados por las conveniencias y no por la carga de las pruebas.

Tronco de una respetable y digna familia campesina (que por cien años ha ocupado con dominio de señor y dueño la finca El Retiro, donde hoy se levanta la urbanización Salamanca, en el proyecto habitacional Gonzalo Vallejo Restrepo) doña Olga es la viuda de Andrés Osorio Monsalve, a quien en el año de 1976 el juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, luego de un litigio interpuesto, le reconoció la posesión sobre ese predio, que es donde en la actualidad están construyendo y se pretenden entregar las viviendas gratis que el gobierno nacional destinó para esta zona del país.

Cómo fue

La historia comienza cuando la contraparte de su esposo en el proceso del cual don Andrés salió airoso, puso en venta la finca cuya propiedad ya no le era reconocida, hecho que se concretó sólo en el papel, pasando las escrituras de mano en mano.

Quien compró (las tierras) sin ir siquiera a conocer lo que estaba comprando y sin manifestarles a los poseedores, los transfirió a otro tercero y ese tercero hizo lo propio; tampoco se presentó nunca a la finca conocida como El Retiro a hacer reclamación alguna. En medio de esta sucesión de compraventas, sin valor legal alguno, la finca llegó a pertenecer al extraditado narcotraficante Luis Vicente Marulanda, alias “Marulo”, a quien el pasado fin de semana le fueron allanadas con fines de extinción de dominio, propiedades en Risaralda y el Norte del Valle, por valor de 100.000 millones de pesos.
Cuenta la familia Osorio que “Marulo” por las vías de hecho pretendió sacar a la familia de los predios que por siempre ha ocupado, pero al no conseguirlo decidió alejarse. Fue entonces cuando el “narco” los hipotecó a la sociedad Vélez Hermanos y Compañía Ltda. e inversiones Ansa y Compañía Ltda. Los acreedores hipotecarios tampoco se presentaron nunca a hablar con doña Olga Cortés de Osorio, poseedora de esos predios. Luego cancelaron la hipoteca y terminaron comprándole el predio a Marulanda.

Primer rollo

Ya pasado algún tiempo (8 ó 9 años) de ellos haber comprado los predios al citado personaje, se radicó una querella en la Corregiduría de Morelia a cargo de Victoria Eugenia Quiceno Mesa, bajo el número 213 de 2012 en contra de doña Olga Cortés, porque presuntamente ella les estaba impidiendo el paso a sus predios para adelantar las obras de construcción de las viviendas.

Irónicamente, la propia Corregidora terminaría por reconocer el derecho que le asiste a doña Olga sobre su predio, decisión que quedó en firme pues la parte accionante no interpuso oportunamente el recurso a que tenía derecho y cuando lo hizo ya era tarde.

A destiempo, en la navidad de 2012, la Corregidora accede a las pretensiones del demandante, lo que da lugar a la presentación de una acción de tutela por parte de la anciana, que de esa forma reclamaba su derecho a un debido proceso.

El juez único penal especializado aboca el proceso y ordena medidas cautelares en favor de la demandante, obligando el retiro de la maquinaria pesada con la que se había iniciado la construcción de las obras en su finca.

Pero en enero de este año tomó la decisión de fondo en la acción de tutela interpuesta, dijo que la tutela era declarada improcedente y además, revocaba o levantaba la medida cautelar impuesta. Marín impugnó la decisión de primera instancia y recurrió ante el Tribunal Superior Sala Penal.

Fue entonces cuando luego de desatado el recurso de impugnación en el Tribunal Superior de Pereira se tuteló el derecho fundamental del debido proceso a favor de doña Olga Cortés de Osorio. Es decir, se acreditó documentalmente, con prueba fílmica y de manera testimonial que efectivamente a doña Olga Cortes de Osorio se le había violado el debido proceso, que se había vulnerado su derecho fundamental porque allí habían ingresado a adelantar unas obras de construcción por vías de hecho. Es decir desconociendo una decisión policiva administrativa en primera instancia que la revocó la misma Corregidora, sin tener por qué hacerlo, ya que la oportunidad procesal le había prescrito. Y porque ya el Honorable Tribunal Superior de Pereira había expresado que efectivamente doña Olga Cortés de Osorio tenía la razón.

Como se presentaba la vacancia judicial de Semana Santa, el abogado de doña Olga le dijo al Personero Municipal en su calidad de agente del Ministerio Público que le oficiara al Alcalde para que se pronunciara respecto al cumplimiento de ese fallo, pero no hubo respuesta alguna, por lo que esperó el tiempo procesal para presentar el incidente de desacato ante el juez de primera instancia, pero este dijo que el incidente de desacato no estaba llamado a prosperar.

Una burla

Doña Olga y su abogado se sintieron burlados, “Nos ganamos la tutela, la decisión fue favorable a doña Olga Cortés de Osorio, ¡pero para mandarla a enmarcar!, pues después de habérsele reconocido vulneración o la violación del derecho fundamental del debido proceso era de esperar que las cosas volvieran al sitio o al momento o a la actuación en que estaban al momento de iniciarse el procedimiento policivo administrativo mediante el cual ingresaron a la finca, pero resulta que no fue así.

Fue entonces cuando doña Olga y su abogado instauraron denuncia penal por presunto fraude a la resolución judicial, pues no se estaba cumpliendo con lo decidido en el auto judicial y se estaban haciendo todos los quites y poniéndole todos los palos a la rueda habidos y por haber, a un fallo que debían cumplir. Esa denuncia penal está en trámite en la fiscalía general de la nación.

También instauraron denuncia penal en contra de la Alcaldía de Pereira, inversiones Ansa, la Sociedad Vélez Hermanos y Compañía Limitada, el Secretario de Gobierno Municipal de Pereira, la Corregidora de Morelia, para que sea la autoridad competente quien determine si efectivamente cabe alguna responsabilidad en contra de estos funcionarios, y por supuesto también en contra del mayor Omar Grijalba Vásquez, de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Instauramos esa denuncia penal –explica el abogado- porque consideramos que se estaba incurriendo en presunto fraude a la resolución judicial, no se estaba cumpliendo con lo decidido en una decisión judicial y se estaban haciendo todos los quites a un fallo que debían cumplir”.

Adicionalmente, luego de esa denuncia penal se presentó una demanda de declaración de pertenencia o prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio persiguiendo, ya no la posesión sino la propiedad del predio que ha estado en cabeza de doña Olga Cortés de Osorio y su familia, demanda que se encuentra en trámite, ya fue ordenada la medida cautelar de inscripción de la demanda , ya se publicaron los respectivos edictos ya se pagaron los portes y los aranceles judiciales para las respectivas notificaciones, se encuentra en el juzgado tercero civil del circuito de la ciudad de Pereira, el radicado es el 091 e 2013, y se está en espera de que la parte demandada atienda la demanda, la conteste y se pronuncie en ese sentido.

En este momento se habla de posible detrimento patrimonial por 6 ó 7 mil millones de pesos. Y se prepara una demanda de reparación directa en contra del Municipio de Pereira, paralelamente y se trabaja en lo que sería la estimación de todos los perjuicios que se han ocasionado a la señora Olga Cortés de Osorio con la destrucción de su finca, la cual tiene vocación ganadera y agrícola, y si usted va hoy a esos predios allí no encuentra nada.

Hoy se supo de buena fuente que el presidente Santos canceló la visita a Pereira hasta cuando no se desenrede el litigio.

por José de Mompasáut
Especial desde Pereira

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