Colombia firma acuerdo amistoso por campesina violada y condenada


El Gobierno de Colombia firmó hoy en la CIDH un acuerdo de solución amistosa con los abogados de la campesina Alba Lucía Rodríguez Cardona, que fue sometida a un proceso discriminatorio por su género y su condición social.

Los hechos se remontan a 1995. La abogada de Rodríguez en Colombia, María Ximena Castilla Jiménez, relató que su clienta, una campesina con escasos recursos fue violada y como consecuencia se quedó embarazada. Tuvo un parto mal asistido y su hija recién nacida se enredó en el cordón umbilical y murió.

La madre fue llevada a un hospital y el médico dictaminó que ella había asfixiado a su hija.

Fue detenida, llevada a pie a la cárcel y de camino tuvo que escuchar en un pueblo de Antioquia gritos de "asesina, asesina".

Los abogados lograron una suspensión de su detención por el parto que acababa de tener, aunque más adelante tenía que regresar a la cárcel. Pasó seis años en detención.

Fue finalmente acusada y condenada a 42 años de cárcel. La sentencia fue apelada en Antioquia y más tarde ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, trámite que se demoró tanto que los peticionarios acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El acuerdo fue firmado por Francisco Echeverry, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería de Colombia, y Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la campesina colombiana ante la CIDH.

La abogada de CEJIL señaló que el acuerdo cuenta con una serie de medidas con las que aspiran a "revertir algunos de los estereotipos de género más persistentes y que alimentan de alguna manera la administración de justicia de las mujeres".

Francisco Echeverry dijo que el Gobierno acoge "plenamente" las palabras de Krsticevic, porque, admitió, "en este caso el Estado cometió un error gravísimo contra una campesina colombiana".

"Reconocemos el error cometido, la injusticia cometida por la justicia, la condena impuesta a Alba Lucía... consideramos que (el error) es gravísimo, no deberían darse estos hechos, no deberían repetirse", indicó.

La comisionada de la CIDH Luz Patricia Mejía, quien es a la vez relatora para los Derechos de la Mujer, dijo esperar que el acuerdo sea el principio de un camino hacia una justicia "más equitativa" con la mujer en Colombia.

En virtud del acuerdo, el Estado colombiano se compromete a indemnizar a la víctima por perjuicios morales y materiales y a diseñar e implementar capacitaciones con alcance nacional en escuelas de formación de funcionarios judiciales y administrativos, así como para el personal médico, psicológico y psiquiátrico en perspectiva de género y el alcance del secreto profesional.

También se compromete a proporcionar atención médica, psicológica y en salud sexual y reproductiva a la víctima y su compañero permanente, para evaluar los daños o traumas causados por los hechos, y a facilitarle el acceso a la educación o a la actividad laboral.

Para la abogada de la víctima, los compromisos que se fijan en el acuerdo de solución amistosa son "mínimos" y será la CIDH la que establezca la indemnización que debe pagar el Estado colombiano.

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