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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Colombia se salva de la madre de todas las demandas


El Estado colombiano se salvó del pago de 500 mil millones de dólares a una familia que lo había demandado por una supuesta expropiación irregular de tierras heredadas, en la que habría sido la más cuantiosa indemnización de la historia en este país, informaron hoy fuentes del Ejecutivo en Bogotá.

La decisión la adoptó el Consejo de Estado, informaron hoy el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ADJE), Adriana Guillén.

"Es la victoria jurídica más importante del Estado colombiano", afirmó Carrillo.

El ministro del Interior destacó que la suma de dinero que exigían los demandantes "equivale a cuatro veces el presupuesto nacional", representaba el 80 % del monto total de las demandas vigentes contra el Estado y superaba el producto interior bruto (PIB) del país.

La demanda la interpusieron en 2003 los hermanos Enrique, Luz Elena y Gloria Durango Sanín, junto a su pariente Enrique Durango Valero, quienes aseguran ser herederos de unas tierras que fueron propiedad de su abuelo Mirócletes Durango en los años treinta del siglo pasado.

Los cuatro consideraron que el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les expropió de manera ilegal un área de 1.926 kilómetros cuadrados en el este de Medellín, la capital departamental de Antioquia (noroeste).

El litigio fue seguido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia hasta 2009, cuando declaró en un fallo no probados los derechos exigidos por la familia Durango, que exigía al Estado el pago de 908 billones de pesos (499.093 millones de dólares).

El caso pasó al Consejo de Estado, que confirmó la sentencia del tribunal regional.

El ministro Carrillo resaltó hoy que la decisión del Consejo de Estado libra a Colombia "del matoneo de cárteles de litigantes que veían en el Estado un botín fácil de apropiarse".

La ADJE fue creada en noviembre de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, quien subrayó entonces que el Estado afrontaba 260.000 demandas cuyas pretensiones económicas sumaban 1.028 billones de pesos (565.052,49 millones de dólares).

Una suma, según dijo Santos, que equivalía entonces a la deuda de Grecia y al doble del PIB colombiano.



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