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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Comienza la carrera de obstáculos


WASHINGTON, DC - Tras seis años de espera desde la última vez que se presentó un proyecto de ley de reforma migratoria, esta semana se anunció finalmente un proyecto bipartidista del Grupo de los Ocho en el Senado que da luz verde al proceso legislativo que podría culminar en la aprobación de la primera reforma migratoria amplia en 27 años.

En 2007 se llevó a cabo el último intento que no progresó y que dio paso a una de las atmósferas más cargadas y envenenadas en contra de la comunidad inmigrante con la proliferación de leyes estatales que han sembrado pánico en la comunidad, y la intensificación de las leyes federales de deportación que han dividido a millones de familias.

Pero la presentación de un proyecto bipartidista de reforma migratoria renueva las esperanzas de que 2013 por fin se convierta en el año de la reforma, en el año en que sí se pudo.

Se trata de un proyecto de ley que aunque imperfecto, es histórico y bastante generoso.

Su corazón es una vía a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados, una ruta más directa a la residencia y eventual ciudadanía a los Soñadores o DREAMers, a quienes por más de 10 años han estado amparados por estatus legales de protección como el TPS o el DED, y a los trabajadores agrícolas.

Lo que se avecina no será fácil porque el proyecto del Senado no será de la satisfacción de todos, sobre todo de los extremos, de quienes no quieren que se impongan ningún tipo de condiciones, y de quienes sólo promueven deportaciones en masa. Es producto de acuerdos, y como tal, no todas las partes estarán satisfechas.

Se trata, empero, de una propuesta bastante realista aunque algunos de sus componentes son preocupantes, incluyendo que deberán pasar 13 años para que la mayoría de los indocumentados puedan solicitar la ciudadanía, que algunos de los requisitos podrían ser problemáticos, y que esa vía parece estar condicionada a algunas exigencias de seguridad fronteriza que aunque en el papel puede parecer que no entorpecerán el proceso, en la práctica podrían prestarse a eso. Los límites y la eliminación de ciertas categorías de visas para familiares también son preocupantes.

Pero hay razones para celebrar: los Soñadores y los trabajadores agrícolas, por ejemplo, obtendrán la residencia permanente y la ciudadanía de manera más acelerada, y algunos inmigrantes que están en proceso de deportación o que han sido deportados por causas no criminales podrán solicitar su estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) si son elegibles para el DREAM Act, o son padres, cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes, y si llenan determinados requisitos, incluyendo la revisión de su historial.

Hay también razones para celebrar porque finalmente, como lo han solicitado los estadounidenses en general y los votantes latinos en particular, arranca el proceso para buscar una solución amplia y realista al caos migratorio que ha prevalecido en el país por las pasadas décadas creando un balance entre agilizar el proceso para quienes llevan años aguardando por sus tarjetas verdes a través de familiares y empleos, y sacar de las sombras a 11 millones de almas, muchos con décadas de vivir en este país y con hijos estadounidenses. Indocumentados que como evidenció un nuevo sondeo de Latino Decisions, ya forman parte de la fibra del país y aspiran a esa vía a la ciudadanía que ofrece la medida.

Con la presentación de este proyecto de ley se da el pistoletazo de salida a un proceso que promete ser un campo minado, una montaña rusa, con alzas y bajas, pero que de sobrevivir ambas cámaras del Congreso y llegar al escritorio del presidente Obama para su promulgación, haría historia. Una victoria legislativa compartida que supondrá beneficios económicos para el país, beneficios políticos para ambos partidos, pero más importante aún, beneficios para los millones de inmigrantes que finalmente saldrán de las sombras.

Maribel Hastings
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