Con despeje o sin despeje: Iglesia urge intercambio humanitario

Para evitar “más baños de sangre”

La Iglesia Católica colombiana urgió hoy al gobierno del presidente Álvaro Uribe que facilite un intercambio humanitario con las FARC “para evitar más baños de sangre” de los secuestrados que esa guerrilla pretende canjear por medio millar de rebeldes presos.


La puesta en libertad de los secuestrados “debe ser un asunto humanitario y no político”, consideró en Bogotá el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Luis Augusto Castro.


El jerarca dijo que el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están ante el reto de buscar fórmulas que les permitan sentarse a negociar el acuerdo al que los rebeldes condicionan la liberación de 45 políticos, militares, policías y extranjeros que tiene cautivos.


La exigencia rebelde de que el acuerdo sea gestionado en una zona desmilitarizada que comprenda el territorio de dos municipios cercanos a Cali, lo que Uribe no acepta, ha impedido a las partes asumir la negociación.


El presidente de la CEC formuló el llamamiento al divulgar ante la prensa un comunicado emitido por la 83 Asamblea Plenaria del Episcopado, que el pasado lunes abrió cinco jornadas de trabajo, con la presencia de casi 90 arzobispos y obispos.


La nota fue motivada por la reciente muerte, en circunstancias no esclarecidas, de once de los doce diputados regionales secuestrados por las FARC en Cali, hace más de cinco años.


Los rebeldes atribuyeron la matanza a un “fuego cruzado” que libraron el pasado 18 de junio con “un grupo armado sin identificar”, pero el gobierno sostiene que los rebeldes los asesinaron.


“Condenamos y rechazamos este nuevo atentado contra la vida, de la cual todos somos responsables”, dijeron los jerarcas católicos, quienes se solidarizaron con las familias que “sufren por el absurdo final de la existencia de uno de sus seres queridos”.


Los arzobispos y obispos ratificaron su oferta de “buenos oficios” para la entrega de los cadáveres de estos políticos y el del capitán de la Policía Julián Ernesto Guevara Castro, también secuestrado por las FARC, que murió por enfermedad el 28 de enero del año pasado.


“El secuestro es una de las peores formas de violencia, un crimen de lesa humanidad que afecta no sólo a la persona del secuestrado, sino también a su familia, a su entorno, en fin, a todo un país”, advirtió el Episcopado, que exigió a los rebeldes la liberación sin condiciones de todos los cautivos.


“Pedimos insistentemente al Gobierno Nacional la realización de un acuerdo humanitario que permita el regreso a sus hogares sanos y salvos de todos los injustamente privados de la libertad”, agregó el texto, y señaló que “las FARC-EP (Ejército del Pueblo) deben comprender el clamor de todo el pueblo colombiano”.


En el Episcopado, añadieron los obispos, “estaremos atentos y disponibles para facilitar dicho acuerdo”, del que depende la liberación de los 45 rehenes que quedan, entre ellos la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, también nacional francesa, a cambio de más de medio millar de presos.


Los prelados también convocaron a todos los colombianos a que denuncien y rechacen los crímenes e injusticias, y a que expresen públicamente su solidaridad.

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