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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Conpes aprueba plan de inversiones de $17.9 billones para el 2007

Al sector social se le entregará el 58%

El Plan Anual de Inversiones para el año 2007 que será incluido en el proyecto de presupuesto para el próximo año, fue aprobado por el Consejo Nacional Política Económica y Social (Conpes).



La directora del Departamento Nacional de Planeación, Carolina Rentería Rodríguez, informó que el monto de inversiones será de 17,9 billones de pesos, cifra que representa un aumento del 21 por ciento con respecto al de 2006 que fue de 14,7 billones de pesos.

De los 17,9 billones de pesos, 13,2 billones de corresponden a los aportes de la Nación y 4,6 billones a recursos propios de los Establecimientos Públicos.



“Este nivel de inversión, consistente con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, se hace posible gracias al mayor crecimiento de la economía y al mejor comportamiento de la gestión tributaria”, precisó la Directora de Planeación.



Por sectores, la mayor participación del plan de inversiones corresponde a la parte social con el 58,3 por ciento del total, para una cifra de 10,4 billones de pesos.



Luego está el sector de infraestructura con el 25,6 por ciento y 4,5 billones de pesos. Le siguen fortalecimiento institucional con el 9,2 por ciento equivalente a 1,6 billones de pesos y el sector de defensa y seguridad con el 6.9 por ciento que representa 1,2 billones de pesos.



El plan de inversiones para 2007 asegura las partidas requeridas para avanzar en las metas de universalización de la cobertura en salud y educación, acueducto y saneamiento básico, enmarcadas en la visión 2019.



Igualmente se destacan los esfuerzos para la ampliación de coberturas en programas de alto impacto social como Familias en Acción (se llegará a un millón y medio de familias beneficiarias en 2007), Subsidio al Adulto Mayor (para cubrir a 1 millón de adultos mayores y Agua Potable.



Además, se contemplan partidas importantes para atender a la población desplazada, adelantar la estrategia de erradicación de la pobreza extrema y para financiar los programas Familias en Acción; Familias Guardabosques; Agro, ingreso seguro; la Banca de Oportunidades: y, los subsidios eléctricos y de vivienda, entre otros programas sociales del Gobierno.



Por su parte, dentro del presupuesto de los Establecimientos Públicos (4,6 billones) se destacan los recursos de Bienestar Familiar, el Sena, Invías y el Fondo de Comunicaciones, que se destinarán a la atención de programas prioritarios madres comunitarias, jardines infantiles, hogares múltiples y desayunos escolares; programas de capacitación; y, telefonía social.



Dentro de las acciones requeridas para el cumplimiento de políticas prioritarias, las entidades del orden nacional responsables de la ejecución de programas sociales, atenderán inicialmente, con cargo a sus respectivos presupuestos, a la población desplazada por la violencia y, en segundo lugar, a la población en situación de extrema pobreza.



Para cumplir con este propósito el Conpes impartió las siguientes recomendaciones:



- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial debe destinar mínimo una tercera parte de los recursos asignados para el programa de vivienda de interés social urbana, a la atención a la población desplazada.



- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe destinar mínimo el 40 por ciento de los recursos asignados para el programa de vivienda de interés social rural, a la atención a la población desplazada.



- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe destinar mínimo el 20 por ciento de los recursos asignados para el programa de fomento a la pequeña y mediana empresa, a la atención a la población desplazada.



- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deber dar prioridad a la atención de la población en extrema pobreza en la ejecución de sus proyectos productivos como alianzas productivas y Pademer.



- El Sena debe priorizar los recursos del Fondo Emprender para la atención de la población desplazada y la población en extrema pobreza, y coordinar las acciones del programa con la Banca de las Oportunidades.



- El Sena debe transferir a Colciencias la cuarta parte de los recursos provenientes del 20 por ciento de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996.



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