Contratistas al banquillo

La Contraloría General de Colombia (tribunal de cuentas) anunció hoy que abrió 21 causas a empresarios y funcionarios relacionados con polémicas contrataciones con el Grupo Nule, cuyo desplome tiene en vilo no menos de un billón de pesos (más de 521,65 millones de dólares) del Estado.

Las causas son " nueve procesos de responsabilidad fiscal y 12 actuaciones preliminares", precisó en un comunicado ese órgano de control de las cuentas públicas, que hace casi dos meses comenzó a intervenir en el colapso de dicho conglomerado familiar.

El Grupo Nule fue creado por los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule, y entró en una grave crisis que le impidió continuar y mantener cuantiosas contrataciones de obras públicas en Bogotá y otras regiones del país.

Varias de las catorce empresas de este conglomerado familiar han sido liquidadas por la Superintendencia de Sociedades (estatal), que investiga a otras nueve, en todos los casos por suspensión de pagos.

La contraloría explicó que sus acciones buscan "establecer la responsabilidad fiscal patrimonial de los funcionarios y contratistas responsables de los presuntos daños que pudieron haberse causado como consecuencia de las vicisitudes anormales que se verificaron en la contratación por parte de varias entidades estatales y las empresas del Grupo Nule".

Además de la apertura de estas causas, la entidad ha decretado "medidas cautelares de embargo respecto de los bienes de empresas contratistas y funcionarios".

Con ello se prevé "garantizar la efectividad de las eventuales condenas y el reintegro de los recursos públicos que pudieren haberse afectado indebidamente", continuó la Contraloría, que indicó que en esta crisis se han afectado el patrimonio público, la legalidad y la moralidad.

Por ello, agregó, se "ha incoado una acción popular tendiente a establecer si con dichas conductas se han afectado intereses y derechos colectivos, para lo cual el juzgador ha de definir la procedencia del levantamiento del velo corporativo y la declaratoria de responsabilidad en cabeza de los demandados".

Esta querella popular no vincula a ninguna entidad estatal, pero sí a los funcionarios que "mediante sus acciones y omisiones propiciaron, toleraron o facilitaron la afectación del patrimonio público, para que respondan, si se establece su responsabilidad personal, con su patrimonio"

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