Dar a un escuadrón de la muerte grandes concesiones

Dos importantes agencias gubernamentales de derechos humanos concluyeron que 10,174 personas murieron a manos de paramilitares derechistas en matanzas de 1994 a 2003

SANTA FE DE RALITO, Colombia - Diego Fernando Murillo, uno de los comandantes más temidos de los escuadrones de la muerte derechistas de Colombia, es buscado por tráfico de cocaína en Estados Unidos y por asesinato masivo en su país.



Pero en un día reciente, adoptó la cómoda pose de un granjero caballeroso, relajándose sin preocupación en el extenso rancho donde vive fuera de esta localidad en la noroccidental región ganadera de Colombia. Atractivas meseras le llevaron su almuerzo y jugo recién exprimido. Un colaborador correteaba para responder los teléfonos o recibir documentos recién impresos.



Presionado para hablar sobre las tácticas del grupo, Murillo no mostró remordimiento por un reinado de terror que ha matado a miles y le ha hecho ganar a su organización, las Fuerzas Unidas de Autodefensa, un lugar en la lista organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los dos grupos rebeldes marxistas a que combaten sus paramilitares. Ni dijo que él y otros comandantes debieran cumplir alguna vez sentencias de cárcel o pagar indemnizaciones.



"Mire", dijo Murillo, usando una camiseta blanca y sentado detrás de un escritorio, "también hemos sido víctimas en este conflicto".



El gobierno de Colombia, con respaldo del gobierno de George W. Bush, está actuando rápidamente para forjar un acuerdo con el grupo que pudiera conducir al desarme de miles de sus combatientes pero, dicen sus críticos, permitiría a hombres como Murillo evitar pagar por sus crímenes. La desmovilización es parte de un plan, vinculado al esfuerzo de Washington para detener el comercio de cocaína, para poner fin a una de las eras más catastróficas de matanza y anarquía en la historia latinoamericana, un conflicto de 40 años que ha matado a por lo menos 200,000 personas.



Empezando con levantamientos que crecieron en fuerza y violencia, el conflicto arrebató la autoridad al gobierno central y eventualmente dejó a los dos grupos guerrilleros izquierdistas en control de grandes franjas del campo. Los paramilitares derechistas, a menudo vinculados con las fuerzas militares, combatieron a los guerrilleros y, eventualmente, llegaron a competir con ellos por el control del comercio de drogas que prosperó en la anarquía. Ahora las drogas enriquecen a ambos bandos.



El interrogante es cómo pacificar a Colombia: casi perdonando pecados del pasado o requiriendo que el culpable pague al menos una porción mínima de su deuda con la sociedad.



Incluso mientras el país avanza en complicadas negociaciones con la izquierda y la derecha, se están formulando preguntas sobre si, en la prisa por sacar a uno de los tres grupos armados ilegales del conflicto, el Presidente Alvaro Uribe está buscando el desarme a cualquier precio.



Sus críticos también se preguntan si el gobierno de Bush está dando a Uribe demasiado apoyo, y permitiéndole demasiada flexibilidad en el asunto de extraditar colombianos por crímenes que se les acusa haber cometido en Estados Unidos.



Lo que se haga aquí tendría amplia resonancia en toda Latinoamérica. Ofrecer indulgencia por atrocidades se ha intentado antes, pero las conversaciones actuales en Colombia representan la primera vez que cualquier gobierno en la región ha iniciado negociaciones con lo que es esencialmente un escuadrón de la muerte derechista, cuyos combatientes convirtieron a miles de civiles en blancos, en ocasiones matándolos con sierras eléctricas o martillos.



Un grupo multipartidista en el Congreso colombiano quiere una ley que requiera sentencias de cárcel que lleguen a 10 años, un desmantelamiento de las Fuerzas Unidas de Autodefensa, extensas indemnizaciones para las víctimas y la revelación por parte de los comandantes paramilitares de todos los secretos de la estructura militar de su organización.



El gobierno de Uribe, sin embargo, se está inclinando hacia un anteproyecto de ley más débil. Establecería el desarme, pero no presionaría a los comandantes a revelar detalles de su organización estilo pulpo. Los comandantes se desarmarían, pero no se les requeriría que garantizaran la desmovilización de toda su fuerza.



El gobierno pediría a lo comandantes que entregaran sus ganancias malhabidas, que ayudaran con investigaciones criminales, y confesaran sus crímenes. Pero sólo el anteproyecto de ley rival haría que los beneficios legales estuvieran condicionados al cumplimiento de los comandantes de estos requerimientos. Ningún anteproyecto de ley aborda la extradición, un punto crucial ya que Estados Unidos ha procesado a por lo menos 10 comandantes bajo cargos de tráfico de cocaína.



La desmovilización del grupo, que empezó el jueves con el desarme de 450 hombres y va a completarse para fines del año próximo, es una piedra angular de los esfuerzos de pacificación de Uribe, los cuales el Presidente Bush elogió durante una visita a Colombia a principios de la semana pasada.



Pero un diplomático occidental de alto rango en Bogotá se mostró más escéptico. "Básicamente están alcanzando un pacto con el diablo con los paramilitares", dijo, refiriéndose a los negociadores colombianos y a los estadounidenses.



En el peor de los casos, el camino que está tomando Colombia significaría que, aunque los combatientes en uniforme de camuflaje depusieran sus armas, asesinos sin uniforme permanecerían disponibles para ser contratados y los comandantes conservarían su riqueza y poder. Eso significa que el tráfico de cocaína a Estados Unidos continuaría sin mella.



Los esfuerzos para alcanzar la paz y la reconciliación en Latinoamérica tienen un historial mixto. Aunque Chile y Argentina están ahora llevando a juicio a algunos generales acusados de atrocidades, los pactos de paz centroamericanos han permitido a los líderes de escuadrones de la muerte y a los generales seguir adelante por la vida como hombres libres.


Mientras tanto, en Colombia, los muertos siguen apilándose.



Dos importantes agencias gubernamentales de derechos humanos concluyeron que 10,174 personas murieron a manos de paramilitares derechistas en matanzas de 1994 a 2003, y esas cifras no incluyen a muchos cientos asesinados individualmente.



En una entrevista, Luis Carlos Restrepo, el principal negociador de paz del gobierno, dijo que la mejor esperanza para la paz es atraer a los asesinos a un acuerdo. "Tenemos que ofrecer beneficios", dijo. "¿Por qué? Porque necesitamos convencerlos".



El gobierno cree que el primer paso hacia la reconciliación es sacar a los asesinos del conflicto. Pero Yolima Quintero, quien encabeza la oficina de Medellín de un grupo de familiares de personas desaparecidas, dice que teme que esas negociaciones dejen olvidadas a las víctimas. Cualquier acuerdo, dice, debe ofrecer amplia y profunda indemnización, un reconocimiento del alcance de los crímenes y una identificación completa de los responsables. "Hasta ahora, no hay reconocimiento de nosotros como víctimas", dijo Quintero. "No se nos ha preguntado qué tipo de justicia o verdad queremos o qué tipo de reparaciones queremos".



Aquí en Santa Fe de Ralito, el centro de un área de 370 kilómetros cuadrados cedida a los paramilitares mientras se desarrollan las negociaciones, Murillo no admite culpa, diciendo que la violencia es un subproducto natural de la guerra.



"Hemos combatido a los guerrilleros con sus propias tácticas", dijo de sus enemigos marxistas.



Las autoridades colombianas rechazan esas afirmaciones de inocencia, diciendo que Murillo tuvo vínculos con los capos de la droga de Medellín y posteriormente operó un equipo de asesinos, haciéndose llamar Don Berna en esos días. Para 2001, los paramilitares le hicieron comandante, y hoy es conocido como Adolfo Paz.



Pero los legisladores no han olvidado. "El mayor criminal de todos ellos es Berna, el jefe de los pistoleros", dijo un funcionario colombiano de alto rango, quien rastrea a los paramilitares. El encausamiento presentado contra Murillo en Nueva York este año por tráfico de drogas dice que aunque tiene el puesto de inspector general en las fuerzas paramilitares realmente es el líder de facto del grupo, y dirige todas las actividades de tráfico de narcóticos.



Al preguntársele sobre las acusaciones, ampliamente informadas por la prensa, Murillo se burló. Culpó a un ex comandante paramilitar que lo criticó durante meses antes de que el disidente fuera asesinado.



"Este es un país donde la gente critica sólo por criticar", dijo Murillo.



Por JUAN FORERO
The New York Times News Service

Acerca del Autor