Departamento secuestrado

Un departamento secuestrado
El Gobierno central y la bancada del PIN, con tres senadores y tres representantes, decidieron finalmente, con seis meses de tardanza, convocar elecciones para gobernador del Valle, el 23 de enero de 2011. A juicio de muchos analistas, este departamento desde ya se encuentra secuestrado por una Ley de Garantías que no permite la contratación pública, ni la designación de funcionarios, ni nada de nada.

De Herodes a Pilatos
El ministro Vargas Lleras, quien tiene hace días un concepto del Consejo de Estado recomendándole convocar elecciones para reemplazar al destituido gobernador Juan Carlos Abadía, debe procurar desde ya que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le gire a la Registraduría los veinte mil millones de pesos que cuestan los comicios. Le trasladó así el problema político del Valle al Min-hacienda y a las autoridades electorales. Ojalá que en enero, el registrador Sánchez Torres no pida aplazamiento porque no hay plata (como ocurre en el departamento de Bolívar, en donde está de por medio el hermano del Fiscal) y que la burguesía azucarera del bar “Mimillo" no le meta otro palo a la rueda de los comicios.

Que se anexe al Chocó
Recordemos que el Valle bajó de categoría especial a primera. Y algunos piensan que lo mejor es anexarse ya al Choco y erigir como capital de ese gran departamento a Quibdó que tendrá dos períodos de garantías electorales que ayudaran a frenar el desarrollo en todos los proyectos que proyectan realizar, eso si con Herodes y Pilatos

La doble moral
En la Comisión Nacional de televisión firman contratos y muchos creando duplicidad de funciones. “Los contratos” de prensa , por ochenta millones de pesos, son para ejercer las mismas funciones de la jefe de prensa , a quien le pagan unos 18 millones de pesos mensuales. ¿Por qué se tiene que contratar externamente a alguien para hacer lo mismo? Eso es nómina paralela.

Gente de Palacio
Los Comisionados del gobierno (Any Vásquez y Eduardo Osorio) han estado incurriendo en estas situaciones que generan suspicacias. Ambos acaban de firmar un contrato por 500 millones de pesos dizque para “modernizar” la comisión, en cuya disolución está empeñado el poder ejecutivo. Eso es como hacerle reparar el motor a un carro antes de enviarlo al desguasadero. ¿Quién alienta desde el poder a los comisionados oficiales para hacer tanto favorcito? Porque el Gobierno, por un lado, impulsa proyectos para acabar con la Comisión y por el otro otorga contratos para defenderla? ¿Serán comisionados o presuntos comisionistas?

William Calderón
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