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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Deponer los odios y sanar las heridas. Defensoría


La Defensoría del Pueblo llamó hoy a la sociedad y a los actores del conflicto armado a deponer los odios para buscar la reconciliación en el país, una vez cumplida la jornada electoral del domingo en la que el presidente Juan Manuel Santos fue reelegido.

El titular de la Defensoría, Jorge Armando Otálora, hizo este llamado en un comunicado en el que pide asumir el compromiso de "un imperativo incuestionable" que pasa por "deponer los odios, sanar las heridas y afianzar las condiciones y bases necesarias para asegurar un proceso de paz exitoso, confiable y perdurable".

"Todos debemos constituirnos en agentes del cambio, en constructores del proceso de paz y en aliados de su consolidación definitiva. Todos tenemos desde nuestra perspectiva individual o colectiva la función de veedores comprometidos con su buen suceso", afirmó Otálora.

Otálora hace este llamado después de una dura campaña en la que Santos se identificó con la bandera de la paz, dado que su Gobierno comenzó el diálogo con las FARC en La Habana en noviembre de 2012 y está en conversaciones con el ELN para iniciar un proceso similar, y su rival derrotado, el uribista, Óscar Iván Zuluaga, apostó por endurecer las condiciones a las guerrillas para seguir negociando.

El defensor del Pueblo considera que Colombia está ante una oportunidad "única e irrepetible" para superar medio siglo de conflicto armado y dejar atrás su "condición de país martirizado por distintas violencias" para poder reconstruirse bajo un clima de reconciliación.

Para la Defensoría, el Gobierno debe liderar la convocatoria a la unidad en torno a la paz y a la reconciliación, los ciudadanos deben tener fe en el futuro de un país sin confrontación y las guerrillas deben "responder con grandeza, seriedad y compromiso a la esperanza de los colombianos" en la pacificación.

Y los ejes del proceso de paz han de ser la terminación definitiva del conflicto, la garantía de los derechos de las víctimas "comenzando por su participación amplia y efectiva" y la superación de injusticias y desigualdades, agregó.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nacieron hace cincuenta años en defensa de los campesinos y contra desigualdad, pero la lucha terminó en un largo conflicto en el que con el tiempo se involucraron el secuestro, el narcotráfico y grupos paramilitares.

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