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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Deseo de poder: ¿Los sunitas pueden algún día contar?

A pesar de todos los llamados, este grupo tiene muchas reservas para integrarse al nuevo gobierno que manda en Irak con apoyo estadounidense

FALLUJAH, Irak -- Las dos decenas de jeques árabes sunitas con túnicas blancas que se sentaron en torno de una mesa de conferencias en el centro de esta ex bastión guerrillero parecieron al principio estar diciendo exactamente lo que John Kael Weston quería oír. Weston, delgado funcionario del Departamento de Estado norteamericano sentado al lado de comandantes de la Infantería de Marina, había preguntado si los residentes de Fallujah pretendían votar en las elecciones nacionales de diciembre próximo.



“Queremos votar, y queremos representantes en Bagdad”, dijo Hamid Farhan Abdullah de la tribu Mohamda. Weston empezó a sonreír.



Luego el jeque continuó. “Somos la mayoría en Irak”, dijo. “Somos el 60 por ciento del país. Votaremos y ganaremos”.



Esa línea de pensamiento, basada en una negación del hecho de que los árabes chiítas son la mayoría en Irak, radica en el núcleo de la guerra de guerrillas.



Durante más de dos años, los estadounidenses han luchado por llevar a los árabes sunitas de Irak al redil político con la esperanza de que la insurgencia deponga sus armas. Pero la creencia de los sunitas en su derecho al poder quizá esté tan profundamente arraigada que pudiera finalmente hacer añicos las esperanzas estadounidenses de sembrar la democracia aquí en el corazón de Oriente Medio, en la línea de falla histórica y geográfica donde chocan los mundos sunita y chiíta.



Aun cuando los sunitas tomen parte en el proceso político trazado por los estadounidenses para el próximo semestre, con la elaboración de una nueva constitución seguida por elecciones nacionales, sus expectativas del resultado final pudieran ser tan confusas que quizá se nieguen a aceptar el gobierno a largo plazo y continúen su lucha armada.



Después de siglos de gobernar la región - primero como sustitutos de los turcos otomanes, luego bajo el Imperio Británico y Saddam Hussein - muchos árabes sunitas han sido incapaces de aceptar los hechos demográficos (conforman sólo 20 por ciento de los 28 millones de habitantes de Irak) o el nuevo orden político (su estatus minoritario los consigna a ser gobernador por la mayoría chiíta en un estado democrático).



Además, para muchos árabes sunitas, el debate en torno de quién debería ejercer la autoridad está trazado no dentro del marco de la nación moderna de Irak, sino en el mucho más amplio lienzo del mundo islámico, en el cual los sunitas conforman entre 80 y 90 por ciento de la población musulmana total. De ahí que no sea sorpresivo su sentimiento de tener derecho a gobernar.



Sin embargo, como los jeques alguna vez firmemente rebeldes que se reunieron con Weston aquí en Fallujah, muchos líderes sunitas han empezado a decir que es tiempo de participar con los estadounidenses y el gobierno encabezado por chiítas, aunque a un grado limitado.



El cambio en el tono proviene de un fuerte deseo de recuperar el poder de que fueron privados durante la ocupación estadounidense formal y que se erosionó más después de las elecciones de enero, en las cuales pocos sunitas acudieron a votar debido a los llamados al boicot y las amenazas de los insurgentes.



Funcionarios estadounidenses ávidamente se aferran a esta nueva actitud, al menos como un inicio para la cooperación, aun cuando algunos analistas de la insurgencia dicen que entregar poder legítimo a anteriores guerrilleros simplemente daría a los rebeldes dos espadas de influencia: la militar y la política.



Hasta ahora, una cosa que ha dificultado que los estadounidenses cuenten con la participación sunita en el nuevo gobierno es que ningún líder o grupo habla por la mayoría de los árabes sunitas.



En los dos últimos años, de hecho, decenas de grupos o individuos han dado un paso al frente para afirmar que pueden ofrecer el apoyo de los sunitas, y consecuentemente de la insurgencia.



Unos cuantos son verdaderamente poderosos. La Asociación de Eruditos Musulmanes, que dice representar a 3,000 mezquitas, tiene gran influencia aquí en Fallujah, un lugar profundamente devoto anteriormente llamado la “Ciudad de las Mezquitas”. También tiene sustancial apoyo en el resto de la provincia de Anbar, el corazón de la insurgencia árabe sunita.



El líder del grupo, Harith al-Dhari, preside la Mezquita Madre de Todas las Batallas en el oeste de Bagdad y ha sido elusivo sobre el grado al cual su grupo está involucrado con la insurgencia: “Estamos actuando de acuerdo con nuestro deber nacional y religioso”, dijo recientemente.



El partido político sunita más prominente, el Partido Islámico Iraquí, mantiene estrechos lazos con los Eruditos Musulmanes. L. Paul Bremer, el ex administrador de la ocupación estadounidense, le dio un escaño en el Consejo Gobernante Iraquí que asesoró a los estadounidenses después de la invasión. El líder del partido, Mohsen Abdul Hameed, es un curdo sunita, pero se ha distanciado de los principales partidos curdos y sus objetivos, que incluyen preservar la autonomía amplia para el Kurdistán iraquí en el norte.



Un contrapeso para esos grupos es el recientemente formado Consejo del Diálogo Nacional, encabezado por un rico empresario agrícola y defensor del Partido Baath llamado Saleh al-Mutlak. Intercambia insultos con el Partido Islámico Iraquí, acusándose uno al otro de carecer de un grupo de seguidores real. El precursor del consejo fue un grupo político fundado a fines de 2003 y compuesto principalmente por salafis, sunitas fundamentalistas que contaron con Osama bin Laden y Abu Musab al-Zarqawi entre sus fieles.



“Tenemos reservas sobre el Consejo del Diálogo Nacional”, dijo en una entrevista reciente el jeque Dhiaa al-Din Abdullah, un funcionario de los Eruditos Musulmanes. “Nos visitaron y hablaron con nosotros sobre involucrarse en la redacción de la constitución. Harith al-Dhari dijo claramente que no nos involucraremos en ningún proceso político bajo la égida de la ocupación”.



En las últimas semanas, sin embargo, los líderes sunitas han estado llamando a la unidad, y de algún modo se las ingeniaron para ponerse de acuerdo el mes pasado sobre cuáles 15 sunitas deberían sentarse al lado de chiítas y curdos en el comité que está redactando la nueva constitución.



El jueves pasado, cientos de sunitas prominentes se reunieron en Bagdad para una conferencia de unidad convocada por Adnan al-Dulaimi, jefe de un grupo encargado de dar mantenimiento a mezquitas, cementerios y otros sitios religiosos sunitas. “Queremos que insten a sus hermanos a salir y registrar sus nombres en los centros de inscripción de votantes”, dijo Al-Dulaimi a la multitud. “Estamos en una batalla que tiene diferentes frentes, y ustedes son los líderes”.



Un imán de Mosul, el jeque Ibrahim al-Niema, lamentó la pobre concurrencia sunita en enero que dejó a los árabes sunitas con sólo 17 de los 275 escaños en la Asamblea Nacional. “Nos culpamos a nosotros mismos porque no tomamos parte en las pasadas elecciones”, dijo. “Nuestra pérdida fue grande, y seguimos experimentando consecuencias amargas”.



Entre éstas están las crecientes cantidades de árabes chiítas y curdos en las fuerzas de seguridad uniformadas y la aprobación de milicias curdas y chiítas extralegales. Los sunitas han acusado a la policía y el ejército iraquíes de una serie de atrocidades con fundamento sectario que parecieron un reflejo de las cometidas por las fuerzas de seguridad durante el régimen de Saddam.



Si atendemos a lo que dicen ahora, los líderes árabes sunitas bien podrían salir a votar en las elecciones de diciembre. Pero la verdadera prueba para la democracia quizá no se dé hasta que se anuncien los resultados de esas elecciones. Las cifras casi seguramente reflejarán el verdadero estatus minoritario de los árabes sunitas y hagan resaltar la amarga idea de que un régimen chiíta es inevitable, no obstante lo unidos que puedan estar los sunitas.



Después tendrá que empezar realmente la construcción de la nación.

EDWARD WONG
NYT

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