Destrucción de tierras públicas


Entiendo que hay varios proyectos de ley en el Congreso en este momento que están tratando de autorizar actividades destructivas, comerciales y recreativas en tierras públicas. ¿Qué se puede hacer para detener este asalto a la tierra que pertenece a todos?

Astrid Cameron, Nueva York, NY

Sí, más de una docena de proyectos de ley se encuentran en estos momentos bajo consideración en el Congreso con el propósito de abrir más de nuestras tierras públicas a la extracción de recursos y desarrollo. De perforaciones petroleras en el Refugio Ártico Nacional de Fauna a minar en el Gran Cañón o cancelar el reglamento “de no caminos” de 2001, estos proyectos representan lo que la Wilderness Society llama un “sitio inaudito a los lugares prístinos de América”.

Probablemente la ley más ofensiva es la Ley de Aprobación de Caminos en Las Zonas Vírgenes, propuesta por el Republicano Kevin McCarthy, de California, en la Cámara (H. 1581) y el Republicano John Barrasso de Wyoming en el Senado (S. 1087). Esta ley demanda liberar decenas de millones de acres a través del Oeste norteamericano y más allá de restricciones de desarrollo instituidas por la administración Clinton mediante la iniciativa de 2001 de Conservación de Área sin Caminos (el “reglamento contra caminos”) que designó casi 60 millones de acres de tierras públicas como intocables.

La ley propone liberar áreas que no merecen recibir la designación de “parque natural” —inclusive algunos en la propiedad de las “Áreas de Estudio de Zonas Naturales” de la Oficina de Administración de Tierras (BLM), y muchas áreas todavía inaccesibles dentro de los Bosques Nacionales— de restricciones introducidas bajo la regla “sin caminos”. En vez de esto, dirige que estas áreas sean manejadas según principios enumerados en la Ley de 1960 de Múltiple Uso y Rendimiento Sostenible, que permite desarrollo y extracción de recursos en tierras que no tienen valor significativo de conservación o escénico.

La Wilderness Society está luchando a todo dar contra la nueva legislación, que llama “El Gran Regalo de la Naturaleza”. El grupo indica que la ley socavaría décadas de trabajo de protección de la tierra apoyado por la inmensa mayoría de los norteamericanos. “Da a contaminadores y urbanizadores, que ya tienen acceso al 76 por ciento de todos los bosques y tierras nacionales del BLM, aún más acceso a las zonas naturales evanescentes de América”, afirma el grupo. “Esta ley es un cheque en blanco para que los contaminadores arruinen el aire que respiramos y el agua que bebemos”.

Algunos proyectos semejantes ahora ante el Congreso incluyen la Border Patrol Takeover Act, que propone eliminar las protección al aire y agua limpia en zonas naturales o vírgenes en o cerca de las fronteras de EEUU; la Ley de Motorización de Nuestras Áreas Naturales, que permitiría motos, motonieves y vehículos todo terreno en millones de acres salvajes actualmente protegidos contra el ruido y emisiones de tales vehículos; y el proyecto de ley para desmantelar la Ley Nacional de Monumentos, una movida para despojar al presidente de su autoridad para designar nuevos monumentos nacionales por orden ejecutiva.

Los conservacionistas no son los únicos opuestos a abrir más tierras públicas al hacha y el taladro. El sondeo de 2012 “Conservación en el Oeste”, realizado por investigadores del Colorado College, encontró que más del 85 por ciento de votantes en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming apoyan la conservación y se oponen a más desarrollo en sus tierras públicas. Sin distinción en lo que respecta a sus inclinaciones políticas, la mayoría de los votantes sondeados creen que la conservación ayuda a crear y proteger trabajos en sus estados, y que no se debe permitir a las empresas privadas desarrollar tierras públicas si esto compromete la disertación o acceso de ellas por parte del público.

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