el colombiano

Don Berna al banquillo

El abogado Bernardo Moreno, quien ejerció de secretario general del ex presidente Álvaro Uribe, consideró injusta la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación, por su supuesta implicación en una trama de ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales, que dejarían en pañales al sonado caso de Watergate, el escándalo político ocurrido durante el mandato de Richard Nixon, que culminó con la imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente estadounidense, y con su dimisión el 8 de agosto de 1974.

Moreno sostuvo que el procurador general, Alejandro Ordóñez, se equivocó al sancionarlo bajo la “suposición” de que él buscó desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue uno de los colectivos alcanzados por el espionaje.

“Confío en que (el procurador) revoque su injusta decisión, al resolver, en derecho, el recurso de reposición que presentaré”, expresó Moreno en un comunicado difundido en Bogotá.

El ex secretario general de Uribe aseguró que nunca se extralimitó en sus funciones y que sus actuaciones se ciñeron de “manera irrestricta a la ley”.

En este sentido, sostuvo que “en ejercicio de un deber legal” debió preguntar por una persona (el empresario Ascencio Reyes) que, al parecer, tenía vínculos con un extraditado y otros individuos “al margen de la ley”, y que “estaba tratando de infiltrar a la administración de justicia”.

“Nunca, y lo digo vehementemente, ordené, sugerí o siquiera insinué que se investigara a ningún magistrado y, mucho menos, mediante mecanismos ilegales”, aseguró Moreno, y apuntó que su jefe Álvaro Uribe siempre estuvo al tanto de estos hechos.

La víspera, en un comunicado que hizo público en Guatemala, el popular ex presidente dijo que asumía “la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”, y, en consecuencia, que se ponía a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, los únicos órganos de la administración colombiana con competencia para juzgarlo.

En una decisión anunciada el lunes, Ordóñez sancionó a Moreno con la destitución retroactiva del cargo de secretario general de la Presidencia y lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 18 años.

El procurador también sancionó a Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, antiguos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), central de inteligencia que depende del jefe del Estado y desde la que, según las investigaciones, se ingenió y se realizaron las actividades ilegales.

El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren, que comparece en un proceso penal por el que está preso, recibió una sanción similar a la de Moreno.

Además de los magistrados de las altas cortes, el espionaje ejecutado por detectives del DAS alcanzó a representantes diplomáticos, políticos de la oposición, defensores de derechos humanos (incluidos extranjeros) y periodistas.

Lo más grave de esta suerte de ‘Watergate’ colombiano es que también recurrió a trabajos sucios e incluso amenazas de muerte contra algunos de los objetivos de las ‘chuzadas’, con intimidaciones y terrorismo mental, para socavar sus actividades legítimas y democráticas.

La pregunta que se hacen todos los colombianos es si cabe la posibilidad que los funcionarios del DAS hayan actuado motu propio, e invariablemente la respuesta colectiva es que la vigilancia ilegal debió responder a los pedidos de los principales asesores presidenciales, uno de los cuales es Moreno.

Unos veinte ex funcionarios del DAS han sido detenidos por la Fiscalía, que los procesó por estos hechos.