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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Dos vietnamitas compran el pueblo más pequeño de EE.UU. en US$900 mil


Buford, el pueblo más pequeño de EE.UU., con tan solo un habitante censado y situado en el estado de Wyoming (centro oeste), fue vendido hoy en una subasta a dos vietnamitas por 900.000 dólares, nueve veces más que su precio de partida.

La subasta se hizo en el diminuto pueblo, contó con una decena de ofertantes y fue rápida, según recogieron los medios locales de la zona.

En tan solo quince minutos dos hombres de negocios de Vietnam se adjudicaron la localidad formada por una pequeña tienda, una gasolinera, una casa y una oficina de correos con su propio código postal.

No trascendieron detalles de estos dos hombres de negocios asiáticos, que volaron desde Vietnam al conocer la venta por los medios de comunicación y que se marcharon rápidamente de la subasta, aumentando el misterio sobre qué destino le espera a la localidad.

La directora ejecutiva de la casa de subastas, Pam McKissick, dijo al diario local Casper Star Tribune que "en estos tiempos en que la gente tiene problemas con el precio de la gasolina, está preocupada con la economía y sus puestos de trabajo, Buford parece un sitio mágico del medio oeste donde venir a vivir y controlarlo todo".

Quien estaba detrás de esta venta era el alcalde, Don Sammons, de 61 años, único habitante y propietario de la sola empresa operativa en la localidad.

Su propiedad incluía cuatro hectáreas de terrenos, la vivienda, los cinco buzones postales, material de oficina, una zona de aparcamiento y un poste que da cobertura telefónica.

La pequeña área de servicio, llamada Buford Trading Post, tenía un millar de clientes diarios, especialmente viajeros que pasaban por el estado de Wyoming.

Buford se reivindica también como el pueblo más alto de la carretera interestatal 80, la principal de este a oeste entre las ciudades de Nueva York y San Francisco.

Fundado en 1866, Buford llegó a acoger a 2.000 habitantes, que se dedicaban principalmente a la construcción de la línea férrea.

Los 2.400 metros de altura alejados de zonas con mayor población contribuyeron a la despoblación de este rincón del medio oeste estadounidense.

El único residente del pueblo, Sammons, se trasladó a Buford en 1980 con su esposa e hijo. Compró la localidad en 1990, su esposa murió en 1995 y su hijo abandonó el pueblo en 2007.

Sammons fue espectador hoy de la subasta: "He vivido aquí la mitad de mi vida, espero que se encarguen de manera adulta del pueblo", declaró emocionado.

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