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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

EE.UU. exige inmunidad para asesores que van a Irak

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, se está asegurando de que los hasta 300 asesores militares que su Gobierno desplegará en Irak tengan las protecciones adecuadas y garantías de inmunidad por escrito, explicó hoy el Pentágono.

El portavoz del Departamento de Defensa, el contraalmirante John Kirby, afirmó en rueda de prensa que se van a asegurar de que los miembros de las fuerzas especiales tengan las protecciones legales necesarias y están intentando obtener "algo por escrito" del gobierno iraquí.

No obstante, Kirby reiteró que el envío de los asesores militares no supone el despliegue de "tropas de combate" y no es "una invasión o una ocupación", por lo que no es necesario un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas como los que rigen en Corea del Sur, Japón o el que se intenta cerrar con Afganistán.

Obama ordenó la retirada de todas las tropas de Irak a finales de 2011 porque el Gobierno del primer ministro Nuri al Maliki se negó a cerrar un acuerdo sobre la permanencia de un contingente militar estadounidense que incluyera inmunidad y protecciones para no ser procesados en el país en el que están desplegados.

Kirby detalló que el despliegue de fuerzas especiales se iniciará "muy pronto" con el envío de "un par de equipos" desde la embajada estadounidense en Bagdad para "evaluar el estado y cohesión de las fuerzas de seguridad iraquíes, la situación sobre el terreno y la viabilidad de desplazar más equipos de asesores".

Estos efectivos militares de elite establecerán centros operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas iraquíes para asesorarlos, proveerlos con inteligencia y en el futuro determinar objetivos para posibles ataques aéreos estadounidenses.

"Tenemos que hacernos primero una idea de qué nos espera (...) esta aún no es la fase de marcación de objetivos, primero tenemos que obtener información para tener una mejor idea del teatro de operaciones. No hemos estado presentes en Irak desde finales de 2011", explicó Kirby.

Los militares estadounidenses operarán con militares iraquíes desde "nivel de cuartel general, hasta el de brigada" principalmente en el norte de Irak, Bagdad y alrededores.

Antes de la crisis, originada por el fortalecimiento del yihadista Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), había unos 200 efectivos militares en la embajada estadounidense en Bagdad, un contingente que se acaba de ampliar con otros 170 militares para garantizar la seguridad de los más de 5.000 empleados de la legación.

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