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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

El asunto ‘Dotcom’ deviene en novelón


La detención del fundador de Megaupload, Kim ‘Dotcom’, en Nueva Zelanda le ha estallado en las manos a las autoridades del país, después de que se supiese que los servicios de inteligencia y la fiscalía bordearon la legalidad.

El fiscal general de Nueva Zelanda, Chris Finlayson, confirmó hoy ante el Parlamento que ‘Dotcom’ puede demandar al Estado por los bienes que le confiscaron tras su arresto el 20 de enero pasado en la mansión que había alquilado en las afueras de Auckland, según Radio New Zealand.

Finlayson detalló que el posible pleito solo cubriría 20,5 millones de dólares neozelandeses (16,9 millones de dólares o 13,1 millones de euros) de los haberes incautados, y de los cuales se han devuelto a su dueño 6,5 millones de dólares locales.

El fiscal general explicó a los legisladores que la orden firmada por el jefe de la Policía, Peter Marshall, aceptando responsabilidades es una “rutina” que nada tiene que ver con el proceso de extradición de ‘Dotcom’, el Gobierno de Estados Unidos o el reciente escándalo de los servicios de inteligencia nacionales.

El espionaje neozelandés vigiló al fundador de Megaupload del 16 de diciembre de 2011 hasta la fecha de su detención y, según documentos judiciales, lo hizo en base a informaciones erróneas que le facilitó la Policía.

El problema legal es que los servicios de inteligencia solo tienen competencia para investigar a extranjeros, condición que no se podía aplicar a ‘Dotcom’ porque disponía de permiso de residencia en el país.

‘Dotcom’, de nacionalidad alemana y finlandesa y con permiso de residencia también en Hong Kong, tuiteó el lunes que todo este asunto le ha convertido en una especie de “villano de las películas de James Bond” en un “film de suspense sobre derechos de autor escrito al alimón por Hollywood y la Casa Blanca”.

El informático de 38 años vive en libertad condicional con su esposa Mona y sus cinco hijos mientras espera que arranque el juicio de su extradición a EEUU, el próximo mes de marzo.

El autoproclamado “justiciero” cibernético ironizó horas más tarde en otro tuit: “Han contactado con la oficina del Planeta Key. Todos nuestros agentes están ocupados socavando tus derechos y vendiendo tus bienes”.

“¿Quizás el planeta Key es como la 'Estrella de la muerte'?”, se preguntó ‘Dotcom’, y complementó el comentario con la fotografía de una sandía con la corteza tallada como la “Estrella de la muerte”, la estación espacial de “La guerra de las galaxias”.

Mientras ‘Dotcom’ hace uso de la informática, su popularidad y su característico sentido del humor, sus mejores armas, el comportamiento de la Policía y los servicios de inteligencia levantan ampollas en la escena política neozelandesa.

El escándalo estalla además poco después de la visita a Auckland del secretario estadounidense de Defensa, Leon Panetta, el 21 y 22, para impulsar los lazos bilaterales, que enfrió la política antinuclear que adoptó Nueva Zelanda desde 1985.

Para Bryce Edwards, columnista del National Business Review, el giro en la saga de ‘Dotcom’ ilustra cómo Nueva Zelanda va camino de convertirse en el segundo “sheriff” de Washington en el Pacífico Sur, tras Australia.

El director ejecutivo de Internet NZ, Vikram Kumar, exigió que se hiciese público el informe sobre el caso de espionaje y recordó que este asunto, unido a otros ocurridos durante el proceso judicial, lleva a que uno se pregunte si se han vulnerado otras leyes.

El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha intentado contener el escándalo con la apertura de una investigación completa de la actuación de los servicios de inteligencia.

Pero ‘Dotcom’ prefiere jugar la partida de otro modo y hoy anunciaba en un tuit: “Yo no quiero querellarme con el Gobierno de Nueva Zelanda. Amo este lugar y no quiero apesadumbrar a los que pagan impuestos. Pero creo que es el momento de la diplomacia. Todo esto está mal”.

“Mañana vuelvo a la Corte Superior. Espero respuestas”, añadió ‘Dotcom’.

Estados Unidos acusa a Megaupload de haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.

por Rocío Otoya

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