BREAKING NEWS
Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

El drama del matrimonio infantil en la India

Profundamente arraigado en la tradición, aunque ilegal, el matrimonio infantil en la India sigue privando de derechos básicos como la educación o la salud a casi un 45 por ciento de las niñas y adolescentes de este país.


El último estudio constató que un 44,5 por ciento de las indias son casadas antes de los 18 años, edad legal establecida en 1978.


En el 22,6 por ciento de los casos, la novia tenía menos de 16 años mientras otro 2,6 por ciento se casó antes de los 13, según el estudio elaborado por el Consejo indio de Población en colaboración con la especialista Anita Raj, de la Universidad de Boston.


El matrimonio infantil “es un abuso contractual de la mujer”, dijo el encargado del estudio por parte del Consejo de Población, Niranjan Saggurti, que puso el acento en los “muchos efectos sobre la salud de la mujer” que tiene esta práctica.


La encuesta no sólo arrojó luz sobre la alta prevalencia de niñas casadas sino también sobre los problemas que sufren, como embarazos múltiples no deseados, abortos constantes, esterilización a edad temprana o parto de fetos muertos.


El 48,4 por ciento de las casadas durante la infancia son madres antes de cumplir los 18 años y “también son más susceptibles de tener embarazos repetidos en menos de 24 meses” que las casadas durante la edad adulta.


La falta de uso de contraceptivos -fundamentalmente por ignorancia- lleva a muchas de estas mujeres a recurrir a la esterilización cuando no desean seguir teniendo descendencia, con una prevalencia del 19,5 por ciento frente al 4,6 de las casadas ya adultas.


Para los autores del estudio, estas cifras “inaceptablemente altas” sugieren que “ni el reciente progreso en el desarrollo económico y de la mujer ni las actuales políticas o programas para prevenir el matrimonio infantil y promover la salud de la madre y el niño han sido suficientes” en la India, comparada con “la mayoría de las otras naciones en vías de desarrollo”.


Recomendaron que el Gobierno amplíe sus programas “para enfatizar la contracepción sobre la esterilización” y los dirija no sólo a las mujeres sino también a los maridos y la familia política, con la que suelen vivir.


La práctica está particularmente arraigada en el campo, donde vive el 70 por ciento de la población india y el porcentaje de menores de edad entregadas en matrimonio se sitúa en el 53 por ciento, según Saggurti.


El especialista relató casos de pequeñas de tres años ya casadas, aunque los padres no las envían a casa del marido hasta tener una edad supuestamente madura, que puede ser entre los 11 y los 14.


“Casé a mi hija a los 13 años y a los 14 ya tenía un niño. ¡Y lo cuida muy bien!”, dijo con orgullo Marjeena, una musulmana que trabaja de criada en Nueva Delhi.


En un intento por erradicar esta práctica, el Ministerio para la Mujer y el Desarrollo Infantil ha puesto en marcha este año un programa piloto que provee educación gratis a las chicas.


“Y si permanecen solteras hasta la edad legal, se les paga una cantidad fija”, explicó la responsable de su aplicación, Manjula Krishnan.


El programa se ha puesto en práctica en siete de la treintena de estados de la India, elegidos por sus bajos niveles de educación de las niñas, la prevalencia de feticidios o el retraso económico.

Krishnan recordó además que la Ley de Prohibición de Matrimonios Infantiles de 2006 hace 'anulable' un matrimonio entre menores, lo que implica que alguien impulse su anulación.


Sin embargo, la ley se queda corta ante la tradición y se contradice con el Código Penal -que castiga las relaciones sexuales con menores de 15 años-, como destacó hace más de un año un panel de expertos del Ministerio de Justicia.


El panel recomendó elevar a 16 años la edad legal para las relaciones sexuales consentidas, hacer “anulable” el matrimonio entre los 16 y los 18, y declarar directamente “nulos” todos los que impliquen a una menor de 16.


Según advirtieron los expertos, la práctica lacra el desarrollo de la India y condena a sus niñas al abuso sexual y la violencia doméstica, además de privarlas de educación y de una vida “con dignidad y en libertad”.

Shilpi Singh

Acerca del Autor