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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

EL MTS le pone titulito de “rehén” a Rousseff

El Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil inauguró hoy su sexto Congreso Nacional en Brasilia y afirmó que el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff tiene "paralizada" la reforma agraria pues es "rehén" de los grandes capitales.

"Cada año retroceden los planes de reforma agraria" debido a un "bloqueo político y económico" promovido por "trasnacionales, bancos, medios de comunicación" y "una alianza de Gobierno" que ha hecho "rehén" a la presidenta Rousseff, declaró en rueda de prensa Diego Moreira, miembro de la dirección nacional del MST.

Según Moreira, Rousseff ha dado prioridad en su variopinta coalición de Gobierno a sectores de derechas aliados a los "grandes capitales", que se oponen a la reforma agraria y a "democratizar" la propiedad de la tierra.

Esa "alianza" también cuenta con "ramificaciones" en el Congreso nacional, en el que está encarnada por parlamentarios de la base oficialista que también se han plegado a los "latifundistas" y a las grandes empresas del sector agropecuario, denunció el activista.

Moreira reiteró que el MST, en su condición de movimiento social, no pretende participar activamente en la campaña para las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que se prevé que Rousseff aspirará a un segundo mandato consecutivo.

"El proceso de movilizaciones populares es independiente de todo Gobierno" y el MST "no tiene candidatos", sostuvo Moreira.

Sin embargo, Marina dos Santos, también miembro de la dirección nacional del MST, dijo en la misma rueda de prensa que la militancia de ese movimiento campesino "votará por los candidatos ajenos a los proyectos neoliberales", entre los cuales no encuadró a Rousseff.

Aún así, Dos Santos subrayó que el Gobierno de Rousseff mantiene "paralizada" la reforma agraria y precisó que, al día de hoy, hay unas 150.000 familias de campesinos acampados en todo el país, a la espera de que les sean otorgadas tierras para cultivar.

"En 2013, solamente fueron asentadas 7.724 familias", aseguró la activista.

El sexto Congreso Nacional ha congregado en Brasilia a cerca de 16.000 delegados procedentes de todo el país, que hasta el próximo viernes discutirán un proyecto de "Reforma Agraria Popular" que el MST promoverá a partir de este mismo año.

Moreira explicó que las bases de ese proyecto, que será volcado en el documento central del congreso, contemplarán la necesidad de impulsar la expropiación de tierras que grandes hacendados mantienen ociosas, a fin de incluirlas en los planes de reforma agraria.

Según el activista, el MST se propone "presionar" también al Poder Judicial, a fin de que sean acelerados "unos 1.200 procesos de expropiación de tierras" que, de acuerdo con el movimiento campesino, están atascados en los tribunales "desde hace años".

El proyecto de "Reforma Agraria Popular" también exigirá que los campesinos tengan "mayor acceso a los recursos naturales", que se "modifique la matriz tecnológica del campo" a fin de prohibir el uso de pesticidas tóxicos y se apoye desde el Gobierno la producción de alimentos orgánicos.

La mayoría de las conferencias del Congreso Nacional del MST será a puerta cerrada, pero el próximo miércoles los campesinos ocuparán las principales avenidas de Brasilia y marcharán hasta la sede del Gobierno para "poner sus propuestas en la calle", dijo Moreira.

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