El negocio de las drogas no es sólo de los colombianos

Si los asesores militares gringos fueron capaces de llevar un cargamento de coca, igual pueden informar a sus socios narcos acerca de operativos en su contra

El hallazgo de 16 kilos de cocaína dentro de un avión militar estadounidense, no es un hecho casual y aislado. Una semana después de ocurrir el incidente, en el cual resultaron implicados cinco soldados de ese país, las autoridades encargadas de investigar el hecho consideraron que debe ser aclarado lo más pronto posible, porque es un problema que no sólo toca a los colombianos.



La Fiscalía y los organismos de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana, trabajan para esclarecer los hechos y comienzan a dirigir las investigaciones hacía distintos: posible participación de colombianos en la adquisición de la droga y el ingreso de los alijos a la base de Apiay, en Villavicencio, lugar desde el cual habría sido embarcada, teniendo como proveedores a grupos armados ilegales.



La situación podría tornarse más grave, si los organismos judiciales comprueban que no es el primer cargamento ilegal que sale por esta vía y, al parecer, se planeaban otros envíos por la misma ruta, dijo una fuente del Ministerio de Defensa.



Dificultades



Una de las dificultades para esclarecer los hechos es la forma como se descubrió la droga. Según les informaron las autoridades de EU a sus similares en Colombia, el alijo fue encontrado en una caja de herramientas, luego de un registro de rutina realizado a la aeronave, en la base militar del Comando Sur, en El Paso, Texas, su destino final.



La inspección a la aeronave hace parte de los protocolos de seguridad implementados por las fuerzas militares estadounidenses para sus misiones en Colombia, el cual incluye relevo del personal que viene al país, cada tres meses.



Por esta razón la investigación se originó en EU, explicaron las fuentes gubernamentales colombianas, quienes esperan el reporte de los interrogatorios a los soldados implicados, para avanzar en el esclarecimiento del caso.



Para los funcionarios nacionales consultados, el hecho es una lección para el futuro. Aparte de reforzar los sistemas de seguridad en las bases colombianas, el Ejecutivo considera necesario analizar las implicaciones de acuerdos suscritos con EU frente a este tipo de situaciones, en las que estarían implicados ciudadanos de ese país, en misión diplomática.



Revisar acuerdos



El acuerdo que impide aplicar acciones policivas y medidas judiciales a personal estadounidense en el país, firmado en 1946 y revisado varias veces hasta 1974, debe perfeccionarse e incluir una reglamentación estricta para permitir la acción de la justicia colombiana, consideraron no sólo asesores del presidente Álvaro Uribe, sino el senador Jimmy Chamorro. Otra cosa piensa el senador Germán Vargas Lleras.



El senador cristiano independiente, Jimmy Chamorro, es uno de los congresistas que más conoce los convenios entre Colombia y EU, que en este caso proceden cuando militares y contratistas estadounidenses se encuentran de misión oficial en el país.



Según Chamorro, el convenio se remonta a un pacto de cooperación entre Colombia y EU, el cual rige desde 1962.



Este dice que se le entrega protección diplomática, desde el punto de vista penal, civil y administrativo, a aquellos agentes norteamericanos en labores oficiales en Colombia, incluyendo militares y contratistas.



Cuando vienen -en este caso los militares a Colombia-, la embajada notifica que esas personas han ingresado en misión oficial, y con ello se sobreentiende que a partir de su llegada están cobijados con inmunidad diplomática, como la de cualquier embajador.



El Convenio de 1962, perfeccionado en 1974, cita la Convención de Viena de 1961, donde Naciones Unidas otorgan inmunidad diplomática a todos los embajadores en el mundo, y en este caso a las personas que provengan de EU en misión oficial.



“La persona goza de inviolabilidad, por lo cual no podrá ser ni arrestada ni capturada por las autoridades de ese país en cualquier lugar, por nada de lo que ellos digan o hagan.



“Y también gozan de inmunidad penal, civil y administrativa, para todo tipo de delito, así sea narcotráfico o hasta terrorismo. Es el país de donde proviene quien delinque, el que debe acusarlo”, dijo el Senador.



Y agregó: “En el congreso y concretamente en el Senado, hay voces que piden que esas personas sean extraditadas, pero desconocen que políticamente es imposible (...) EU jamás va a extraditar a uno de sus ciudadanos protegidos con inmunidad diplomática”.



Respecto a la posibilidad de revisar o anular el convenio, Chamorro dijo que sí es posible desvincularse de manera unilateral del mismo, “pero obvio, Uribe no lo va a hacer”. Lamentable es así.



“Colombia se está quedando sin una jurisdicción propia y la está cediendo a otros países como Estados Unidos”, agregó.



Acerca de lo que en su concepto debe hacerse, el Senador dijo que el presidente Uribe tiene que pedirle de manera oficial a EU que se haga justicia en este caso, aunque aceptó que cree que sus palabras no van a causar ni presión ni eco en las salas jurisdiccionales del país del norte.



“A los colombianos sólo nos queda presionar y observar el proceso, para ver si es que ellos van a juzgar a este tipo de delincuentes con la misma severidad con que la hacen con los nuestros. Amanecerá y veremos si en EU opera el derecho referente al principio de igualdad y de proporcionalidad (...) Siendo un poco pragmático, no soy optimista respecto a que eso suceda. Espero estar equivocado” dijo.



Se preguntó qué garantía tenemos de que es la primera vez que sucede este hecho y si no será esta la punta de un iceberg.



Y si ellos fueron capaces de llevar físicamente un cargamento de droga, qué garantías tenemos de que no hayan informado a sus socios narcotraficantes acerca de operativos militares en su contra, dijo.



No revisar tratado



Por su parte, el senador Germán Vargas Lleras señaló que no se debe revisar el tratado que les otorga inmunidad a los militares estadounidenses que vienen a trabajar en la cooperación.



“Si Colombia insiste en su revisión, probablemente tendrá que prescindir de esa asistencia militar”, explicó.



Según Vargas Lleras, hay que confiar en que esas conductas no queden en la impunidad, pero recalcó que “cuando el país requirió esa cooperación, aceptó equivocadamente o no, a través de convenios escritos, la inmunidad de quienes operarían en Colombia”.



El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, al ana­lizar los hechos saca una lección de la situación: “Esto deja en claro que no somos los bandidos del paseo, ni el negocio de la droga es un fenómeno únicamente de colombianos”.



Colprensa

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