BREAKING NEWS
Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

El pulmón derecho del planeta


Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guayana Francesa y Surinam albergan el Escudo Guayanés, el bosque tropical intacto más antiguo del planeta que hoy combate la deforestación y la minería en su cruzada contra el cambio climático.

Este paraíso de 270 millones de hectáreas presenta un paisaje de transición entre las sabanas y la selva Amazónica, regula la estabilidad del clima mundial y acoge numerosas especies naturales, aunque su ubicación en remotos enclaves ha dificultado la investigación y el desarrollo estatal.

Si el Amazonas es el pulmón izquierdo del planeta, el Escudo Guayanés sería el derecho, con el 25 % de los bosques tropicales del mundo concentrados en estos seis países y una interconexión de grandes ríos que van a parar al gigante Orinoco y que transportan cerca del 15 % de las aguas frescas del mundo.

"Los servicios que producen estos ecosistemas no están recibiendo incentivos ni compensaciones de forma equilibrada", dijo Patrick Chesney, coordinador general de la iniciativa del Escudo Guayanés GSF (por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En Colombia, el proyecto piloto del PNUD y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt del GSF se despliega en 100.000 hectáreas de la Selva Matavén, entre los aislados departamentos de Vichada y Guanía, en la frontera sur con Venezuela.

Durante este fin de semana, estas instituciones convocaron una reunión de capacitación a representantes de las etnias indígenas Piaroa, Puinave, Sikuani, Curripacos y Cubeos, concentrados en la comunidad de Sarrapia, ubicada a unas dos horas en barca de Inírida (capital de Guainía).

Según explicó Chesney, "las comunidades indígenas están al frente de toda la Humanidad protegiendo los bosques" y "están muy comprometidas como guardianes del bosque tropical", pero es conveniente que refuercen su organización para afrontar las grandes amenazas a las que están expuestas por vivir en un área que es rica en biodiversidad, pero también en coltán, tungsteno y oro.

"Estamos hablando de una región de más de 2 millones de hectáreas bajo la propiedad de estos pueblos indígenas y que tiene muchas presiones externas derivadas de la minería, de la exploración de hidrocarburos y todo tipo de presiones por la tierra", detalló Brigitte LG Baptiste, directora del Instituto Humboldt.

Por eso, el Gobierno colombiano ha propuesto que esta región sea declarada como un área de humedales protegida por el Convenio de Ramsar, a lo que se oponen las autoridades mineras, temerosas de no poder explotar estos minerales en los ríos del Escudo Guayanés.

Otra amenaza es la deforestación, que según Chesney libera entre el 18 y el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera, y para lo que se estudian proyectos productivos alternativos.

por Ana Gómez

Acerca del Autor