Estado colombiano pide perdón a familiares de 43 asesinados por los ‘paracos’

El Gobierno colombiano pidió perdón a los familiares de 43 personas desaparecidas y luego asesinadas por paramilitares en 1990, por no haber adoptado las medidas para evitar esa masacre a pesar de tener dos retenes militares en las afueras de la población donde ocurrieron los hechos.


“Reconozco la responsabilidad que le corresponde al Estado por el menoscabo de los derechos de los familiares a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de manera posterior a los hechos”, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en un acto de desagravio a las víctimas en Bogotá.


La ceremonia de perdón respondió a la orden que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2006, cuando exigió al Gobierno que la oficiara en un plazo máximo de un año.


La sentencia, como indicó el ministro, señaló que el Estado no adoptó “las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona”, lo cual dio como resultado “la violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las personas”.


“Rechazamos estos actos y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes”, añadió Santos ante unos 200 familiares.


Mercedes Orozco, madre de tres de los desaparecidos ese 14 de enero de 1990, narró que ese día sus hijos fueron sacados de una iglesia evangélica y llevados amordazados a la plaza principal de Pueblo Bello, departamento de Antioquia, junto a otras 40 personas.


Posteriormente, los paramilitares se los llevaron del pueblo en camiones, detalló Orozco.


Los escuadrones del desaparecido jefe paramilitar Fidel Castaño, conocidos como “Los Tangueros”, llegaron con lista en mano a esa localidad y se llevaron a esas 43 personas, a quienes interrogaron en una finca del ultraderechista por el robo de unas reses.


Los camiones pasaron por dos retenes del Ejército sin ser detenidos o cuestionados por los militares a pesar de llevar a los campesinos amordazados.


Posteriormente, fueron torturados “de la forma más cruel”, según Santos, los masacraron e hicieron desaparecer sus cadáveres.


“Las venas de sus cuerpos (fueron) punzadas, sus ojos perforados, sus oídos aserrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”, de acuerdo al testimonio de un familiar plasmado en las denuncias que se hicieron ante la Corte.


Ellos se dirigieron en ese entonces a la base militar más cercana, donde, según la Corte Interamericana, no recibieron de las autoridades la colaboración y atención suficiente.


“Todos nosotros éramos tan felices con nuestras familias y mis hijos, pero llegó ese día tan duro de la desaparición de mis tres hijos, en especial mi niño, lo que más me dolía era mi niño porque era indefenso y no sabía hablar”, dijo Orozco.


Entre tanto, Elodina Romero, familiar de otra víctima, exigió, entre lágrimas, el fin de la impunidad y de los desaparecidos en Colombia, así como ayuda para encontrar los restos y “darles cristiana sepultura”.


En su sentencia, la Corte señaló que Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes para evitar que los paramilitares ingresaran a Pueblo Bello, en horas en que estaba restringida la circulación de vehículos, y salieran del municipio con los 43 retenidos.


Asimismo ordenó reactivar las investigaciones para determinar las responsabilidades, brindar tratamiento sicológico a los familiares de las víctimas y garantizar el retorno de los campesinos al lugar del que se desplazaron tras la masacre.


Sumado a este acto público de desagravio, se deberá levantar un monumento para recordar aquellos sucesos, el cual esta en proceso de construcción.

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