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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Eurodiputado francés recibió en el pasado a un emisario de las Farc

Fue en nombre del responsable internacional de la guerrilla, “Raúl Reyes”, y quería hablar de ‘derechos humanos’

El eurodiputado francés Alan Lipietz reveló en Bogotá que en alguna ocasión recibió en su despacho de París a un emisario del guerrillero colombiano "Raúl Reyes", responsable internacional y miembro del mando central de las Farc.


Lipietz, del Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, sugirió que la visita del enviado del jefe rebelde se produjo cuando ya los insurgentes tenían como rehén a la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002.


"Recibí un día en mi despacho en París a un emisario de 'Raúl Reyes', que quería hablar de derechos humanos", dijo el eurodiputado en una comparecencia ante la prensa de Bogotá, adonde llegó el domingo a la cabeza de una delegación del Parlamento Europeo (PE) que hace una visita oficial al país.


La misión, que terminará el próximo viernes, se ha entrevistado con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y otros altos cargos del Estado y del Gobierno, así como con embajadores de la Unión Europea (UE) acreditados en Bogotá, la Iglesia Católica, Organizaciones no gubernamentales (ONG), y familiares de secuestrados, entre otros.


El eurodiputado dijo haberle preguntado al emisario rebelde que cómo quería hablar de derechos humanos cuando las Farc mantenían como rehén a Betancourt, secuestrada con Clara Rojas, su fórmula electoral de entonces y puesta en libertad el pasado 10 de enero junto a la ex congresista Consuelo González de Perdomo.


Las liberadas conformaban el grupo de 46 secuestrados que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) buscan canjear por medio millar de insurgentes encarcelados, entre ellos dos extraditados a Estados Unidos.


"Le digo (al enviado): 'usted tiene a nuestra candidata presidencial en Colombia. Yo podría cerrar la puerta, telefonear a la policía, es decir, usted es mi rehén, mi secuestrado', pero no es nuestra técnica", explicó Lipetiz, quien no facilitó la identidad de su interlocutor, no detalló cuándo lo recibió ni informó del desenlace del encuentro.


"Raúl Reyes", alias de Luis Edgar Devia, es el jefe de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y conforma el Secretariado (mando central) de la organización, encabezado por el septuagenario Pedro Antonio Marín ("Manuel Marulanda Vélez"), fundador y jefe máximo del grupo.


El político francés dijo que todos en la delegación luchan por todos los secuestrados en Colombia, país en el que, advirtió, está el 80 por ciento de "los rehenes del mundo".


La mitad de los cautivos están en manos de los tres grupos terroristas del país, que son las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), continuó Lipietz, y subrayó que el otro cincuenta por ciento lo tiene la delincuencia común.


Sin embargo, el eurodiputado admitió que tiene un afecto especial por Betancourt, la madre de la cautiva, Yolanda Pulecio, y también por Clara Rojas.


Además, los numerosos comités creados en Francia y Europa para exigir la puesta en libertad de Betancourt coinciden en que ella "es el símbolo de los 4.000 secuestrados de Colombia".


"Ella es nada más que un símbolo", insistió Lipietz, quien es presidente de la Delegación del PE para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (CAN) y vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

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