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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Fondos especiales de inversión en infraestructura contra la crisis

En América Latina y el Caribe se destina menos del 2% del PIB al sector, pese a su alto aporte en la generación de empleo y crecimiento.

Un comportamiento anticíclico frente a la inversión pública en infraestructura puede ser un instrumento útil para mitigar el impacto de la crisis financiera mundial, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, al inaugurar el seminario internacional Infraestructura 2020: Avances, déficits y desafíos en Santiago, Chile.


La reunión es rganizada por la CEPAL y el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP). En ella participan siete ministros latinoamericanos de infraestructura, obras públicas, transporte, y planificación; y representantes de gobierno, de organismos multilaterales y del sector privado.


Durante su intervención, Alicia Bárcena señaló que la región debería poner especial atención en los sectores que más estimulan a la economía real mientras se logra un rediseño de la arquitectura financiera internacional. La infraestructura ligada a la obra pública y a las alianzas público-privadas representa la mejor alternativa, porque genera empleo y crecimiento, dijo.


El problema histórico de América Latina y Caribe es que se gasta menos del 2% del PIB en infraestructura, en circunstancias que se requiere invertir en el sector entre el 5 y 6%. “Asia gasta entre 6 y 8% y eso nos diferencia porque el aumento de la competitividad de nuestros países está muy atada a la infraestructura y a la conectividad”, acotó la Secretaria Ejecutiva.


Alicia Bárcena reconoció que las necesidades de inversión en infraestructura de los países de la región no cuentan con el respaldo financiero requerido ni desde los gobiernos, ni de los organismos multilaterales ni del sector privado, en los términos y montos que se requieren para cerrar las brechas de los distintos déficit y afrontar los desafíos de una economía globalizada.


Según Alicia Bárcena el seminario resulta muy oportuno ya que puede marcar pautas de cómo se puede invertir más y mejor, y cuál debe ser el papel del Estado y del mercado en esta tarea.


Por su parte, el Ministro de Obras Públicas de Chile, Sergio Bitar, refiriéndose a la crisis financiera, destacó la relevancia de construir fondos especiales para infraestructura, y del rol del Estado en establecer regulaciones estables que perduren y que alienten la inversión privada.


Destacó además la importancia de evaluar qué tipo de infraestructura se requiere para adaptarse a los escenarios mundiales, responder a las demandas nacionales y la integración latinoamericana. “Hay por lo menos 4 procesos que inciden sobre el diseño de la infraestructura: la globalización, las nuevas tecnologías, el cambio climático y los cambios demográficos”, precisó Sergio Bitar.


El Ministro de Obras Públicas de Chile indicó que la infraestructura nacional, regional o local debe responder a un objetivo de desarrollo sustentable. Y para contar con mayor apoyo debieran realizarse consultas ciudadanas para analizar los impactos del entorno social, urbano o ecológico.


Bitar recalcó que “en los últimos 15 años se han materializado en Chile inversiones vía concesiones por sobre 11 mil millones de dólares. Para generar alianzas público-privada se necesita: entorno macroeconómico, social y jurídico estable; funcionarios capacitados y fortalecimiento de la gerencia pública; evaluación precisa de los riesgos y garantías, y mecanismo de cobertura y adjudicación, entre otros factores”, aseveró


En la reunión, organizada por la CEPAL y el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP), se analiza la identificación de déficits de infraestructura, su relación con la equidad social y los desafíos en materia de políticas públicas y se busca definir una agenda para la acción en el ámbito de la infraestructura económica, con énfasis en el sector del transporte.

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