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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Garzón espera que los procesos contra Pinochet lleguen hasta el final

El magistrado de la Audiencia Nacional española manifestó su respeto por la acción de la justicia chilena en las causas que se ventilan contra el ex dictador

Santiago de Chile, 26 ago.- El juez español Baltasar Garzón dijo hoy en Santiago que espera que los procesos en Chile contra el ex dictador Augusto Pinochet "lleguen hasta el final, con una sentencia".



Garzón, que llegó hoy a Santiago en su primera visita a Chile desde que en 1998 emitió la orden que condujo a la detención en Londres del ex dictador chileno (1973-1990), hizo estas declaraciones en una rueda de prensa.



El magistrado de la Audiencia Nacional española manifestó su respeto por la acción de la justicia chilena en las causas que se ventilan contra Pinochet y agregó que respecto de estos casos es "un observador externo".



"Lo que espero es que esos procedimientos (contra Pinochet) lleguen al final que deben, es decir a un juicio y que ese juicio concluya con una sentencia, sea cual fuere esta, ahí esta el respeto a la independencia de los jueces", subrayó.



"Lo que creo, respecto de estos procesos, como de cualquier otro, es que cuando se cometen delitos deben ser juzgados y que el principio de igualdad ante la ley no puede restringirse por ningún tipo de inmunidad, porque el sistema de derecho penal internacional lo impide", añadió.



Garzón confirmó, asimismo, que en España sigue abierta la causa contra 38 ex colaboradores de Augusto Pinochet, entre ellos militares y ex ministros civiles.



En el 2001 el juez emitió órdenes de captura con fines de extradición contra ellos por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, lo que puede llevarles a la cárcel si abandonan el país.



"Las órdenes siguen vigentes desde el momento que se expidieron porque no es incompatible la acción de la jurisdicción de un país soberano como es España con la acción de la justicia de otro país soberano como es Chile. Esas jurisdicciones no son excluyentes sino complementarias", subrayó.



En este contexto, el juez reafirmó el concepto de la jurisdicción penal internacional y sus competencias.



"Es claro que la jurisdicción universal es un principio básico de cooperación entre países y de acción contra la impunidad en aquellos casos en los que los crímenes son de tal gravedad que exigen esa cooperación y esa acción conjunta de la comunidad internacional", indicó.



En este aspecto, se declaró profundamente respetuoso de la justicia chilena y de cualquier otro país que tenga principios democráticos.



Pinochet está procesado en Chile por delitos de violaciones de los derechos humanos y evasión tributaria, malversación de fondos y uso de pasaportes falsos en el "caso Riggs", que investiga el juez Carlos Cerda, quien ha calculado en alrededor de 26 millones de dólares la fortuna del ex gobernante de 90 años.



En otra parte de sus declaraciones, el magistrado admitió que al llegar a Chile sintió emoción, agradeció a quienes lo invitaron y manifestó su respeto y admiración hacia aquellos "que por tantos años han reclamado ni más ni menos que justicia".



"Siempre estaré del lado de las víctimas, alguna vez me han dicho que eso es parcialidad, pero estar en contra del delito y a favor de las víctimas es el mayor ejemplo de imparcialidad e independencia", subrayó.



La llegada de Garzón a Chile fue recibida con entusiasmo por el mundo de los derechos humanos, especialmente, por los familiares de las víctimas de la dictadura (1873-1990) y con molestia de parte de algunos políticos de la oposición de derecha y de la Fundación Augusto Pinochet, que aglutina a los partidarios que aún le quedan al nonagenario militar.

Chile
EFE

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