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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Gobierno pide a las Farc dejar las excusas

El Gobierno de Colombia instó hoy a las FARC a pronunciarse de forma clara y "sin excusas" sobre su responsabilidad con las víctimas del conflicto, que sin embargo para la guerrilla es "totalmente asimétrica" respecto a la que "mayormente" tiene el Estado.

El jefe de los negociadores de Santos, Humberto de la Calle, hizo ese llamamiento a la guerrilla en el cierre del vigésimo noveno ciclo de los diálogos de paz con sede en La Habana, una ronda que ha estado marcada por la tercera audiencia, celebrada ayer jueves, ante la mesa de negociación de un heterogéneo grupo de víctimas que expusieron a las partes sus desgarradoras historias.

Estos testimonios recuerdan "por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero también nos obliga a construir respuestas y, sobre todo, a que cada quien asuma su responsabilidad", según De la Calle.

"Sólo esa disposición mandará a la sociedad señales claras y honestas de que es posible ponerle fin al conflicto. Eso se aplica a todos los autores. El Gobierno ya lo ha hecho", aseveró el negociador del Gobierno colombiano.

A su juicio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también deben mostrar esa disposición "de manera más categórica" con un pronunciamiento "claro" y "sin excusas" ni reticencias.

"Las víctimas piden a gritos que debemos cumplir con el papel histórico que nos han encomendado y esto requiere pasos concretos, no retórica", subrayó De la Calle, quien recordó una frase pronunciada ayer por una de las víctimas: "No aceptamos ser el toque emotivo de una negociación".

Sobre responsabilidades habló hoy también la guerrilla para afirmar que las FARC reconocerán las afectaciones que hayan causado "con la certeza de que ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también errores injustificables en otros".

"Pero siempre indicando que actuamos desde la orilla de los perseguidos y con una responsabilidad totalmente asimétrica con relación a la que mayormente le corresponde admitir al Estado", dijo la guerrilla en una declaración leída ante la prensa por "Iván Márquez" (Luciano Marín Arango), número dos de las FARC y jefe de su equipo negociador.

Márquez aprovechó el final de ciclo para insistir en pedir un "armisticio" antes de llegar a un acuerdo definitivo de paz, algo a lo que el Gobierno de Santos se opone.

"Distanciándonos de falsas expectativas sobre una paz exprés, pero con toda la decisión de acortar distancias hacia el acuerdo final, reiteramos el compromiso de reconciliación insistiendo en nuestra propuesta (...) de trazar ya los términos de un armisticio", dijeron las FARC.

En sus respectivos comunicados, gobierno y guerrilla sí coincidieron en rechazar las "amenazas" y "estigmatización" contra miembros de los grupos de víctimas que desde el pasado 16 de agosto han viajado a La Habana para participar en los diálogos de paz.

Las FARC indicaron que el Gobierno no puede hacer caso omiso ante esas amenazas mientras que De la Calle reiteró el compromiso del ejecutivo colombiano de desplegar "toda su capacidad para garantizar la protección" de estas víctimas.

Además del nuevo cara a cara con los afectados de la confrontación, otro de los hitos de este ciclo fue la decisión de las partes de divulgar los borradores íntegros de los acuerdos parciales suscritos por gobierno y guerrilla desde que comenzó el proceso de negociación en Cuba hace casi dos años.

En ese tiempo, se han alcanzado acuerdos en tres de los cinco puntos de la agenda que rige este proceso de paz: la tierra, la participación política y el problema de las drogas y el narcotráfico.

Actualmente el tema de debate es el reconocimiento y reparación a las víctimas de un conflicto que en cinco décadas ha dejado más de 6,5 millones de afectados, con 220.000 muertos, unos 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados, según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia

La próxima ronda de conversaciones comenzará el 20 de octubre y está previsto que el día 29 participe en la mesa de diálogo un nuevo grupo de víctimas que será el cuarto de las cinco delegaciones de afectados que viajarán a La Habana.

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