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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Japón dona $844 millones para escuelas de Boyacá y Huila

Esta entrega es la cooperación que realiza el gobierno nipón a la política de revolución educativa colombiana

El Gobierno de Japón, por medio de su embajada en Colombia, entregó este miércoles en donación recursos por 844 millones de pesos, dirigidos a la ampliación y adecuación de cuatro centros educativos ubicados en los departamentos de Boyacá y Huila.



Los municipios beneficiarios con estos recursos son Chiquinquirá y Puerto Boyacá en Boyacá y Palermo y La Plata en el Huila, localidades en las cuales se beneficiarán 3.551 alumnos.



La entrega oficial de este presupuesto que será canalizado a través del Plan Padrino de la Consejería Presidencial de Proyectos Especiales, fue efectuada por el embajador japonés, Wataru Hayashi, en presencia de la señora Lina María Moreno, esposa del presidente Álvaro Uribe Vélez.



La donación hace parte del programa de Asistencia a Proyectos Comunitarios “APC” que lidera Japón y el cual tiene como propósito ofrecer ayuda a organizaciones no gubernamentales o autoridades locales para solucionar problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas fundamentales.



Es así como por medio de este programa el Gobierno del Japón ha entregado desde 1.989 a la fecha, cerca de US$15 479.878, recursos que han sido empleados en la ejecución de 278 proyectos.



Esta entrega es la cooperación que realiza el gobierno nipón a la política de revolución educativa, primera de las 7 herramientas de equidad, para ampliar la cobertura y la calidad de la educación en Colombia.



Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera:



El Gobierno de Japón entregará $213.282.500 al colegio de educación básica Santa Cecilia, dirigidos a la construcción de tres aulas y zonas de circulación.

Adicionalmente se adecuará un aula, el restaurante escolar, la cocina y una oficina que se transformará en baño.



Esta institución atiende a 675 alumnos de los grados 0 a 9º. Con la ejecución de las obras amplía su cobertura a 100 nuevos cupos, de los cuales 65 se destinarán a niños de familias en condición de desplazamiento por la violencia.



De la misma manera el Colegio oficial José Antonio Galán de Puerto Boyacá, recibirá $202.529.301, para la construcción de seis aulas escolares, escaleras y zonas de circulación.



Gracias a esta infraestructura este colegio podrá ampliar a 420 nuevos cupos su cobertura y se suma a los 1.193 alumnos que atiende a la fecha en grados de 0 a 11º.

Por su parte para la institución educativa rural Nilo, ubicada en el municipio de Palermo, Huila, el gobierno japonés entregara $224 millones 981 mil 049.



Con esta financiación se construirán dos aulas escolares, dos baterías sanitarias, escaleras, zonas de circulación y cunetas para drenaje. Además se adelantará el cambio de pisos y cubiertas existentes y la adecuación de cuatro salones de clase y el área administrativa.



De esta manera la institución educativa Nilo, que atiende a 203 estudiantes de 0 a 9º grado podrá darle la oportunidad de estudiar a 100 infantes más, de los cuales 60 serán para niños desplazados.



Finalmente, la institución Villa de los Andes, ubicada en la inspección de Belén en La Plata, Huila, recibirá $203.940.687, recursos con los cuales se construirán siete aulas, el área administrativa, escaleras y zonas de circulación



Con estas obras la institución podrá ampliar en 191 nuevos cupos su oferta educativa, de los cuales 100 estarán destinados a menores que provienen de familias en condición de desplazamiento por la violencia.



SNE

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