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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’ salió en libertad

Un juez colombiano ordenó la libertad condicional del exjefe de sicarios del fallecido capo de las drogas Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", preso hace 22 años, informaron hoy medios locales.

La decisión la tomó el juez Primero de Ejecución de Penas de Tunja, Yesid Rodríguez, y "Popeye" recuperaría su libertad la próxima semana tras haber pagado las tres quintas partes de la condena por sus múltiples crímenes.

Velásquez, que está preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el central departamento de Boyacá, del que Tunja es capital, debe pagar una fianza de nueve millones de pesos (unos 4.700 dólares) para salir libre, según la página electrónica del diario El Tiempo.

"Popeye", en los años 80 y 90 uno de los más temidos sicarios del cartel de las drogas de Medellín, confesó en entrevistas que dio desde la prisión que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de los matones de Escobar coordinó alrededor de 3.000 homicidios más.

Además de haber reconocido que coordinó la instalación de por lo lo menos 200 carros bomba, fue él quien en enero de 1988 secuestró en su sede de campaña en Bogotá, a Andrés Pastrana Arango, entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá y asesinó en ese mismo año al entonces procurador Carlos Mauro Hoyos.

Las autoridades carcelarias verificarán que Velásquez no tenga requerimientos por parte de otros juzgados del país antes de darle la libertad, según las versiones de prensa.

La libertad condicional implica que "Popeye" debe presentarse regularmente ante las autoridades durante 52 meses a fin de hacerle seguimiento a su comportamiento en libertad.

En prisión, Velásquez estudió y obtuvo 14 diplomas, entre ellos uno que lo acredita como recuperador ambiental certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), escuela de oficios.

Por estas actividades y otros trabajos "Popeye" logró reducir parte de sus condenas como lo estipulan las leyes colombianas.

En septiembre de 2013 medios locales especularon con la posibilidad de una inminente salida de "Popeye" de prisión, pero el juez que llevaba su caso dijo que eso no se daría antes de 2016.

Velásquez se entregó a la justicia el 9 de octubre de 1992 y fue enviado a la cárcel de Itaguí en donde estuvo hasta el 2002, año en que fue trasladado a la penitenciaria de Cómbita. EFE

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