La sombra de la corrupción ya perseguía a García desde su primera Administración, de 1985 a 1990, cuando fue acusado de haber pedido un soborno para otorgar la concesión de la construcción inicial del Metro de Lima, obra que luego quedó abandonada por décadas tras ese escándalo.
García eludió a la Justicia después de esa denuncia y posteriormente huyó del país en 1992, tras el autogolpe de Alberto Fujimori, para vivir asilado en Colombia y luego en Francia libre de persecuciones por delitos de corrupción hasta que decidió buscar un segundo Gobierno en 2006.
En su segunda gestión, las acusaciones y sospechas no pararon en su nueva gestión y fue en este período, tal como relató a la Fiscalía el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata, que García se enteró del soborno recibido por su antecesor, Alejandro Toledo (2001-2006) y, quizás por ello, decidió abrir contactos con la empresa, a través de su secretario Luis Nava y otros allegados.
CHALÁN Y BANDIDO
Barata declaró al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación por lavado de activos y colusión agravada que se seguía contra García, que la constructora depositó más de 3 millones de dólares en cuentas del entonces secretario de la presidencia, José Nava, y de su hijo José Antonio Nava, apodados como “Chalán” y “Bandido”, respectivamente.
En una directa referencia, “Chalán” se ganó el apodo por ser el guardián de “Caballo Loco”, sobrenombre que García obtuvo durante su primera presidencia.
Los aportes procedentes del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina a cargo del pago de sobornos, se hicieron entre 2006 y 2010 cuando la compañía ganó, en consorcio, la licitación para construir la Línea 1 del Metro de Lima.
Odebrecht también se adjudicó en esa época la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica Sur y se sabe que al menos seis de los aportes en cuentas de Nava estuvieron vinculados a este proyecto.
COIMA EN ANDORRA
La empresa ayudó incluso a un allegado de García, Miguel Atala, exvicepresidente de la estatal Petroperú, a abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) para recibir más de 1,3 millones de dólares procedentes de la offshore Klienfeld Services Limited, a cargo de Olivio Rodrigues, alias “Gigolino”, un operador de la llamada “caja 2” de Odebrecht.
Los fondos en Andorra se mantuvieron hasta marzo de 2012, cuando empezaron a ser retirados mediante transferencias al extranjero a cuentas de Nava.
Se conoce también que García cobró 100.000 dólares por una conferencia que ofreció en 2012 en Brasil, un dinero que salió de la “caja B” de Odebrecht.
MILLONARIOS PERJUICIOS
De acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de Perú, la licitación y ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que empezó en el segundo Gobierno de García, ocasionó al Estado un perjuicio de más de 20 millones de dólares.
Entre los 14 funcionarios responsables de favorecer al consorcio a pesar de incumplir con las bases figuraban Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), asesor de García y del entonces ministro de Transportes Enrique Cornejo.
DETENCIONES Y CERCO
Las primeras detenciones a raíz del escándalo Lava Jato en Perú fueron precisamente lass de un exviceministro y exfuncionarios del segundo Gobierno de García vinculados a la concesión del Metro de Lima.
El 17 de abril de 2019, el fiscal Pérez ordenó las detenciones preventivas de García, del exministro Cornejo, Nava y su hijo, Atala y Plasencia, además de otros dos exfuncionarios del ministerio de Transportes y de la oficina Provías Nacional.
El líder del partido Aprista ya tenía una orden de impedimento de salida del país, la cual se dictó a fines de 2018 cuando intentó infructuosamente pedir asilo en Uruguay mientras investigaciones en su contra trazaban un cerco cada vez más estrecho.
MUERTE Y EVIDENCIAS
Pero no llegó nunca a ser detenido, ya que García se disparó en la cabeza estando en su casa, cuando un fiscal se presentó allí para proceder con su detención, y murió horas después en un hospital de emergencias de Lima, mientras que el resto de inculpados fueron detenidos entre ese día y las jornadas siguientes.
Como “en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios”, declaró García un día antes de su suicidio a emisoras peruanas.
Dijo estar seguro de que Atala y Nava aclararían las versiones de Barata e insistió en que jamás se vendió.
Al poco tiempo de su muerte, no obstante, Atala confirmó a la Fiscalía que el dinero era de García y que este le pidió que se lo entregara en efectivo en Palacio de Gobierno o en su casa, mientras que el hijo de Nava confesó que él mismo llevó a Barata a la casa de su padre cuando le entregaba los aportes en efectivo.