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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

La letra pequeña, arma de doble filo para banco ruso

La letra pequeña también puede jugar malas pasadas a los bancos, como lo demostró un residente de la ciudad rusa de Vorónezh al introducir sus propias condiciones en un contrato de préstamo con una entidad financiera, que firmó el documento sin percatarse de que era una trampa.

Dmitri Agárkov, un expolicía, se ha convertido estos días en un héroe popular en la prensa rusa y en internet tras dar de probar a un banco de su propia medicina.

El hombre, que según la prensa local había experimentado en carne propia "el truco de la letra pequeña", recibió en 2008 por correo una propuesta de crédito del banco Sistemas Crediticios de Tinkoff (SCT) con un contrato adjunto, cuyas condiciones figuraban en caracteres minúsculos al pie del mismo.

Agárkov escaneó el impreso, pero redactó sus propias condiciones de crédito: cambió la tasa de interés, que fijó en el 0 por ciento, canceló la comisión por concesión del crédito (19.000 rublos, unos 600 dólares) e introdujo una cláusula que lo liberaba del pago de cualquier tipo de comisiones.

Pero no contento con ello, sustituyó en el contrato la dirección de la página web a que el banco remitía al cliente para informarle de las condiciones generales del crédito por la de una página creada por él mismo.

En esa página, el SCT "se comprometía" a pagar tres millones de rublos (100.000 dólares) al cliente en caso de incumplimiento o modificación del contrato después de su firma.

Tras todas estas manipulaciones, Agárkov imprimió el nuevo contrato, lo firmó y lo envió escaneado por correo electrónico al banco.

Empleados del SCT firmaron la versión modificada del contrato sin molestarse en leerlo detalladamente.

Meses después, nada más darse cuenta de que el cliente no efectuaba pagos mensuales, el banco le exigió una multa y le notificó sobre las sanciones derivadas de morosidad.

De hecho, el SCT reclamó al cliente el cumplimiento de unos términos que no figuraban en el contrato, con lo que según Agárkov trasgredió en ocho ocasiones las condiciones del mismo.

Razón por la que decidió presentar una demanda de 24 millones de rublos (800.000 dólares), 3 millones por cada caso de incumplimiento del contrato.

La viveza del hombre aparentemente sacó de quicio al fundador del banco, uno de los empresarios más famosos en Rusia, Oleg Tinkoff, quien le amenazó con denunciarlo por fraude.

"Según nuestros abogados lo que va a conseguir no serán 24 millones sino 4 años de prisión por fraude", aseguró el banquero en su Twitter.

Sin embargo, numerosos juristas no comparten este punto de vista alegando que el contrato fue firmado por ambas partes.

"Al cliente nadie le puede prohibir introducir sus propias condiciones en el contrato ya que cuenta con los mismos derechos que la otra parte", afirmó a Efe Román Vasíliev, director de la consultoría jurídica ER24.

Coincidió con él Alexéi Dolgov, abogado del bufete "Jrénov y Socios", quien explicó: "El cliente le hizo una propuesta de vuelta al banco, igual a la forma en que el banco se lo había hecho a él. El hecho de que los empleados del banco no lean los documentos antes de firmarlos no es la culpa del cliente".

Sin embargo, cuando todos esperaban impacientes una decisión judicial se produjo la sorpresa: banco y cliente anunciaron un acuerdo.




por Vladímir Mkrtchian

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