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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

La reforma, segundo acto: El pleno del Senado

WASHINGTON, DC – El Senado federal dio luz verde al debate del proyecto de reforma migratoria S.744 que durante las próximas semanas enfrentará una lucha de enmiendas, algunas para tratar de mejorarlo, otras para matarlo, y todo con miras a completar el proceso antes del receso del 4 de julio.

Se trata del primer debate en seis años de un plan de reforma migratoria amplia con una vía a la ciudadanía.

El primer voto de procedimiento para proceder al debate fue de 82 sobre 15. En el 2007, el voto similar fue de 64 sobre 35. ¿Cifra prometedora? Un total de 15 republicanos votaron en contra en el primero de dos votos de procedimiento, incluyendo algunos conocidos personajes como Jeff Sessions, Charles Grassley y David Vitter, de Alabama, Iowa y Luisiana, respectivamente, y nuevos opositores como Ted Cruz, de Texas.

El segundo voto de proceso, el de la moción para proceder al debate, fue de 84 a favor y 15 en contra.

En una reunión en la Casa Blanca rodeado de una coalición de variados intereses, incluyendo DREAMers, el presidente Barack Obama retó al Congreso: “Mi administración ha hecho lo que ha podido por sí misma, pero el sistema (migratorio) sigue roto y para lidiar verdaderamente con este asunto el Congreso tiene que actuar. El momento es ahora”.

Al abrirse el telón de este segundo acto de la reforma, esta vez en el pleno del Senado, hay varios puntos que observar:

Intentos de matar la medida

Los protagonistas de esta escena son republicanos como el senador de Texas, John Cornyn, y sus colegas Sessions, Cruz y Grassley, entre otros.

Cornyn, por ejemplo, planifica presentar la enmienda RESULTS que para efectos prácticos reemplaza la sección de seguridad fronteriza y seguridad nacional del S. 744 argumentando que el lenguaje actual es débil.

La enmienda de Cornyn no sólo ignora los avances en seguridad fronteriza y en la aplicación de leyes al interior del país y en centros de trabajo, sino que sólo busca entorpecer la vía a la ciudadanía para los indocumentados al establecer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina General de Contraloría (GAO) certifiquen que se hayan alcanzado una serie de requisitos antes de que los Inmigrantes Provisionales Registrados (RPI’s) puedan solicitar la residencia permanente.

El S. 744 destina hasta $6,500 millones en nuevos recursos de aplicación de leyes y seguridad fronteriza. Según el Centro de Política Migratoria (IPC), el proyecto ordena la contratación de 3,500 nuevos patrulleros fronterizos (además de los 20 mil ya sobre el terreno); ordena vigilancia fronteriza de 24 horas particularmente en zonas difíciles de vigilar utilizando sistemas móviles, videos y aviones no tripulados; destina $1,500 millones a la Estrategia de Vallas en la Frontera Sur; otros $3,000 millones para implementar la Estrategia Amplia de Seguridad en la Frontera Sur y, de ser necesario, otros $2 mil millones para poner en práctica las recomendaciones que formule la Comisión de Seguridad para la Frontera Sur.

Al presente se han cumplido la mayor parte de los requisitos de seguridad fronteriza de un proyecto migratorio de 2007.

Un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI) concluyó que en el año fiscal 2012 Estados Unidos gastó 18 mil millones sólo en la aplicación de leyes migratorias, más que el FBI, la DEA y el Servicio Secreto combinados.

Armados de tecnología, bardas virtuales y físicas y duplicando la cifra de agentes fronterizos, los cruces de indocumentados están a su nivel más bajo en 40 años.

Asimismo, la administración Obama ha deportado a una cifra récord de inmigrantes, con un promedio aproximado de 400 mil por año.

Cohesión del Grupo de los Ocho

Hasta el momento los ocho senadores bipartidistas que integran el Grupo de los Ocho han podido mantener a flote el negociado acuerdo bipartidista en que se basa el S. 744.

Se trata de un delicado balance que no satisface a todas las partes. Sin embargo, los cambios radicales a ese lenguaje pueden poner en peligro la medida.

Se requieren 60 votos para aprobar el proyecto. Algunos en el Grupo de los Ocho quieren más votos para tratar de ejercer presión sobre el liderazgo republicano de la Cámara Baja. Para llegar a más de 60 se requieren más votos republicanos de los cuatro que integran el G8. Para ganar votos republicanos, algunos querrán concesiones, pero si la medida se torna más restrictiva en materia de seguridad fronteriza, del debido proceso de ley, o impone más trabas a la vía a la ciudadanía de 13 años de duración, se arriesga a perder votos demócratas.

En esta delicada danza, una de las figuras centrales a observar es el senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien como integrante del G8 busca apoyo conservador a su proyecto. ¿Defenderá Rubio su propio proyecto? ¿Lo alterará buscando votos conservadores? Está por verse.

¿60, 70?

En las retrógradas reglas del Senado se requieren 60 votos para abrir y cerrar debates y para aprobar proyectos de ley.
Los líderes de la mayoría demócrata están muy optimistas de conseguir los 60, pero algunos quieren llegar a 70 para enviar un mensaje bipartidista contundente a la mayoría republicana de la Cámara Baja que pondera su estrategia legislativa. Setenta votos serían estupendos, pero 60 es lo requerido y la idea es rebasar la meta. Hay quienes calculan que es muy probable lograr de 63 a 70 votos al proyecto.

A la espera del tercer acto en la Cámara Baja

Paralelamente al debate en el Senado, la Cámara Baja se alista para su propia función y no tiene planes, de momento, de considerar el proyecto que el Senado envíe en julio. Quieren su propia medida, que redacta su Grupo de los Siete. Por ser de mayoría republicana también mayormente opuesta a la reforma, el presidente cameral, John Boehner, tendrá que decidir cómo proceder y una de las posibilidades es que lleve al pleno una medida aunque para aprobarla dependa de una mayoría de votos demócratas y de una minoría de votos de su propio caucus republicano. El panorama no está definido, pero sí hay algo muy claro: “El proyecto del Senado no tiene el más mínimo chance de ser aprobado en la Cámara Baja”, dijo a America’s Voice el congresista republicano de Florida e integrante del G7, Mario Díaz-Balart.

Hay otra cosa muy clara: “Esto es un tema muy difícil. Ambos liderazgos en el pasado han utilizado el tema migratorio como un tema político y ninguno de los dos liderazgos, ni demócrata, ni republicano, lo han querido resolver en el pasado”, agregó Díaz-Balart.

A ver si este año se rompe el ciclo.

Maribel Hastings
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