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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

La registaduría demuestra su ineptitud

Las autoridades electorales de Colombia iniciaron el martes el recuento final de los caóticos comicios legislativos y de la consulta del Partido Conservador para dar a conocer cuanto antes la composición del Congreso y el ganador de la disputa por la nominación presidencial.


Aunque la alianza oficialista del presidente Alvaro Uribe mantuvo el dominio en la jornada del domingo, en la que se eligieron 102 senadores y 166 miembros de la Cámara de Representantes, aún no se conoce la composición definitiva del Congreso.


Retraso en el conteo inicial por la complejidad de las tarjetas electorales, escasa capacitación de los jurados y fallas técnicas en la transmisión de datos no han permitido conocer los resultados definitivos.


El presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, dijo que en el escrutinio final se dará prioridad al conteo de votos de la consulta del Partido Conservador, en la que Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias se disputan la candidatura a la presidencia.


"Estamos ordenando a todas las comisiones escrutadoras municipales que el primer ejercicio que deben hacer es contabilizar los votos de las consultas", afirmó Hincapié.


"Aspiramos en esta semana, finalizando esta semana, a tener el consolidado nacional del escrutinio de la consulta conservadora", explicó.


El resultado de la consulta conservadora es esperado por la incidencia que puede tener para las elecciones presidenciales del 30 de mayo y las posibles alianzas entre los partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno, principalmente la U que dirige el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.


VOTO A VOTO


Sin embargo, analistas anticiparon que todos los partidos presentarán a sus candidatos a la primera vuelta y que las alianzas se establecerán para la segunda vuelta.


Los datos hasta ahora divulgados dan a la alianza oficialista el control del Congreso al ganar la mayoría de las 268 bancas, con lo que habría pasado su primera prueba electoral luego del fallo de la Corte Constitucional que inhabilitó a Uribe para buscar un tercer mandato.


Pero los datos definitivos que permitan establecer con certeza la composición del Congreso, sobre todo de la Cámara de Representantes, sólo se conocerían hasta la próxima semana.


"Vamos a contar voto a voto en todos los municipios del país. Comenzamos a hacer los escrutinios", sostuvo Hincapié.


Fue la primera vez en más de dos décadas que se registraron retrasos en el conteo de cualquier votación y en el suministro de información por parte de la Registraduría Nacional, que en el pasado fue modelo para otras organizaciones electorales de América Latina.


El Gobierno criticó el lento conteo y advirtió que las fallas generan tensiones políticas y ponen en duda la legitimidad del proceso electoral.


El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, admitió caos en el proceso por la dificultad de los electores para votar marcando el símbolo del partido y un número para el candidato elegido sin fotografías ni nombres que permitieran identificarlos.


El funcionario también reconoció que la divulgación de la información colapso por la alta demanda de usuarios a través de la red de internet, pero defendió su gestión con el argumento de que las elecciones fueron imparciales y transparentes.

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