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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Las Farc acordaron dejar las drogas

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, informó este viernes a los colombianos que en las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana se alcanzó un acuerdo sobre el tercer punto de la agenda, relativo a la lucha contra el narcotráfico, y dijo que se trata de una buena noticia.

“El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar”, recordó el Jefe de Estado en una alocución, luego de que se divulgara en Cuba un comunicado conjunto de los negociadores del Gobierno y de las Farc.

“Por eso me alegra poder compartir hoy con ustedes una noticia positiva sobre el avance de las conversaciones para poner fin a esta guerra que hemos soportado por medio siglo”, expresó el mandatario y añadió: “Hoy hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto: la lucha contra el narcotráfico”.

“¡No más muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas”, manifestó.

El Presidente explicó los principales aspectos del compromiso alcanzado en la mesa de diálogos.

“En primer lugar, se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, algo que hasta ahora no hemos podido realizar con completo éxito por causa del conflicto”, precisó.

Indicó que la meta acordada con las Farc es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos, y se buscará lograrlo a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que –en el marco de la reforma rural integral acordada en el punto 1, sobre el campo colombiano.

“La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República”, señaló y añadió que se espera que la mayoría se acojan a este programa de erradicación voluntaria y sustitución.

Sin embargo, en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o lo incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos y el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión si por algún motivo las circunstancias no permiten hacerlo manualmente.

El Jefe de Estado dijo que en segundo lugar, se le dará al consumo de drogas un enfoque de salud pública y en tercer lugar, se intensificará la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos.

“Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final.

Santos Calderón afirmó que se lograron unos compromisos muy importantes.

“El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y a liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”, destacó.

Entretanto, las Farc, “por su parte, se comprometieron a contribuir de manera efectiva –de diferentes formas y mediante acciones prácticas– con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación con este fenómeno”.

Así mismo, las partes se comprometieron con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos.

“Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos estos acuerdos”, puntualizó.

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