Las víctimas de la dictadura chilena contratacan

Piden reabrir los informes que se tienen sobre los desaparecidos

Víctimas de la dictadura chilena (1973-1990) pidieron hoy la reapertura de los informes sobre detenidos desaparecidos elaborados en democracia, mientras que militares y policías retirados cuestionan el trabajo de las comisiones que documentaron los casos.


Este debate se suscitó después de que la semana pasada se confirmara un nuevo caso de un falso detenido desaparecido, el quinto detectado en los últimos tres meses, y de que el Gobierno anunciara una investigación sobre otra posible falsa víctima, cuyo resultado se conocerá este jueves.


Estos descubrimientos han llevado a miembros de la derecha a cuestionar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y ex jefes de la Armada, del Ejército y de los Carabineros (policía militarizada) han criticado el trabajo de las comisiones en esa materia.


La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como "Comisión Rettig", documentó en 1991 las muertes y desapariciones durante la dictadura y sus carencias fueron cubiertas por la Comisión de Prisión Política y Tortura (Valech), que en 2004 registró además a las víctimas torturadas y encarceladas.


La Asociación de Víctimas de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) demandó en un comunicado la reapertura de ambas comisiones "en forma permanente, con recurso, estructura y personal especializado en el tema".


También exigió el término de la ley que impone 30 años de secreto a los testimonios aportados a la Comisión Rettig y 50 al informe Valech, así como la aprobación de proyectos de ley para impedir la impunidad de los implicados en violaciones a los derechos humanos.


Esta organización tildó de "repudiable" el hecho de que una familia declarara un falso detenido desaparecido y cobrara por ello indemnizaciones "en forma indebida e ilícita", pero insiste en que ése "no es el centro del problema".


La AFDD expresó su deseo de que la preocupación que han generado estos casos se centre en aspectos como la aplicación de la prescripción en delitos de lesa humanidad, así como en los casos de víctimas que no fueron denunciadas y que permanecen en el anonimato.


En tanto, según publicó hoy el diario La Tercera, varios militares han criticado esos informes, como el ex general director de Carabineros Fernando Cordero, quien aseguró que "se nota que en el trabajo hay falencias y que hubo frescura de la que algunos se aprovecharon".


El ex vicecomandante del Ejército Rafael Villarroel consideró que se debió haber buscado una solución que no profundizara en las heridas, mientras que Jorge Arancibia, almirante retirado y actual senador de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), recordó que en su momento quiso hacer precisiones al informe.


En noviembre de 2008 se conoció que Germán Cofré Martínez figuraba como detenido desaparecido pese a que había vivido desde 1973 en Argentina, lo que llevó a las autoridades a revisar los datos disponibles para detectar otros posibles casos.


El Gobierno halló los de Carlos Patricio Rojas Campos, Edgardo Iván Palacios y Emperatriz Villagra, y a ellos se sumó la semana pasada Pedro Gonzalo Millas Márquez, quien en realidad murió en 1982 en un accidente de tren, según el Ejecutivo.

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