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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Llaman a juicio a tres militares por falsos positivos


Un fiscal colombiano de derechos humanos llamó a juicio a tres antiguos militares implicados en la ejecución extrajudicial en 2004 de dos campesinos que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate, informaron hoy fuentes judiciales.

Los afectados son José Adriano Zabala Ruiz, Franly Alexis García Zabala y Silvio Abelardo Gómez García, quienes por la época de los hechos hacían parte de un batallón de infantería del Ejército.

La Fiscalía General precisó en Bogotá que Zabala y García fueron acusados "como presuntos responsables de doble homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario)".

Mientras, Gómez deberá comparecer bajo el cargo de "encubrimiento por favorecimiento", agregó la fuente en un comunicado.

Los hechos se remontan al 2 de julio de 2004, cuando los ahora ex militares llegaron al domicilio rural de las víctimas, los hermanos Jaime de Jesús y Andrés Fernando Guarín, en Corrientes, paraje de la localidad de Concepción, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Según lo establecido por los investigadores del caso, varios uniformados se presentaron en la vivienda y le pidieron a Jaime de Jesús, que tenía 16 años, que "los acompañara a donde estaba su hermano Andrés Fernando, pues necesitaban comunicarle una situación".

"El joven salió de la casa de sus padres en compañía de los uniformados", continuó la Fiscalía, al apuntar que, "al día siguiente, fuentes castrenses reportaron que durante combate librado en la vereda (paraje) Despensa (también en Concepción) fueron abatidos dos integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional)".

Sin embargo, los presuntos rebeldes "resultaron ser los hermanos Guarín Marín", indicó la entidad judicial.

El caso es uno más de los conocidos en Colombia como "falsos positivos", de muerte de civiles en supuestos combates a manos de militares que los presentan como guerrilleros para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios, como días de descanso.

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