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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Los crímenes de género: Protagonistas del conflicto


Centenares de colombianas víctimas de agresión sexual llegaron a la primera línea del conflicto armado con su participación en el grupo que formuló las propuestas que se enviarán a la mesa de negociación de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

Al menos siete organizaciones de mujeres afectadas por este "delito invisible" consiguieron llegar al foro nacional de víctimas de Cali, organizado por la ONU y la Universidad Nacional a petición de las partes negociadoras.

No importa que hayan sufrido la violencia por parte de guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado, todas las víctimas estuvieron representadas por 1.600 asistentes encargados de redactar las propuestas de paz definitivas que enviarán a la mesa de Cuba este mes.

Pero hasta ahora la división en este conglomerado se había realizado por hecho victimizante, es decir, quién ha sufrido tortura, asesinato, desaparición o masacre, por ejemplo, y la cuestión de género estaba desplazada.

"El 70 % de los supervivientes de toda la violencia somos mujeres; tuvimos que enterrar a nuestros hijos, lavar a nuestros captores, prostituirnos ante ellos", dijo a Efe María Margarita Robles, fundadora de la asociación "Vivir para narrar", que representa a 840 mujeres víctimas.

Su principal lucha es conseguir que las colombianas dejen de presentarse como madres de desaparecidos o esposas de asesinados para reconocerse como víctimas en sí mismas y poder reclamar sus derechos a través de lo que llama "justicia de género".

Consciente de que un primer paso puede conseguirse con la llegada de la paz en Colombia, Robles explicó que su propuesta a la mesa es conseguir que las violaciones en masa sean reconocidas por las partes como crímenes de lesa humanidad.

"Queremos demostrar que fue sistemático, que todos los actores armados utilizaron las violaciones masivas como una estrategia de terror, por eso hablamos de crímenes de género", afirmó esta activista.

Pero lo primero es conseguir que las víctimas hablen, pues las cifras oficiales sobre violaciones durante los más de 50 años del conflicto armado en Colombia son dispares.

Así, según el Gobierno, el 48 % de los más de 6,5 millones de víctimas totales son mujeres, pero solo contabiliza 2.474 casos de violaciones entre 1985 y 2014, la mitad de ellas cometidas por el Ejército y la Policía.

Sin embargo, la Casa de la Mujer asegura que solo entre 2001 y 2009 se produjeron cada año una media de 54.410 agresiones sexuales, que no fueron denunciadas en un 82 % de los casos.

"Es un delito invisible porque es el único delito en el que la víctima siente vergüenza y culpabilidad, y como consecuencia calla", lamentó María Eugenia Cruz, víctima y portavoz de la corporación "Mujer sigue mis pasos".

Cruz no sabe con certeza qué actores armados son los responsables de su desplazamiento de la ciudad de Cartagena (norte) y su violación, de la que aún no puede hablar.

Ella propuso a la mesa que se reconozca que el cuerpo de las colombianas ha sido un "botín de guerra", y, sobre todo, que se aplique la garantía de no repetición de estos hechos.

"Muchas mujeres no sabían por qué les pasaba esto, creían que se lo merecían, que les tocaba vivir eso por ser mujeres", remarcó Cruz.

Aseguró que no busca que los responsables pasen toda la vida en la cárcel, sino que se les apliquen "formas diferentes para reparar lo que han hecho".

"Siempre nos estigmatizan diciendo que nosotros nos lo buscamos, me cuestionaron incluso por tener solo educación primaria, decían que era culpa mía. Eso es lo que nos han enseñado", aseguró Kleiner Almanza, que milita en la misma organización de Cruz.

Almanza tenía 17 años cuando paramilitares la secuestraron durante dos meses en los que abusaron de ella todos los hombres de ese grupo infinidad de veces, y se tropezó con el cuestionamiento de las autoridades cuando denunció el caso.


por Cynthia de Benito

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