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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

McCollum presenta una ley que emula a la SB-1070

Caminar por las calles sin llevar documentación que muestre el estatus migratorio será un delito en Florida (EE.UU.), según un proyecto de ley presentado hoy por el fiscal general del estado, Bill McCollum, y varios legisladores, y que emula la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona.

El contenido del proyecto "de Imposición de Leyes Migratorias", que será presentado en la próxima sesión del Congreso estatal, fue dado a conocer hoy en la ciudad de Orlando en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general de Florida, Bill McCollum.

Según el texto, los agentes policiales municipales y estatales deberán revisar la situación migratoria de personas detenidas o arrestadas sólo cuando existan "sospechas razonables" de que el individuo pueda ser indocumentado.

"Ese es el corazón de la ley que creemos que después que sea presentada (a la legislatura de Florida) y aprobada será codiciada por Arizona", dijo McCollum, que aspira a ser el nuevo gobernador de Florida en las elecciones de noviembre.

El fiscal general aclaró que el proyecto de ley contiene "provisiones específicas para evitar perfiles raciales y que la policía vaya a revisar a alguien sólo porque parece inmigrante".

Una "sospecha razonable" puede ser la presentación de documentos, como una licencia de conducir de apariencia falsa o la carencia de papeles de identificación personal en el momento de la detención y arresto, dijo McCollum.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, "una persona será considerada que se encuentra legalmente en Estados Unidos si presenta a un oficial de policía (entre otros documentos) una licencia de conducir válida en Florida".

También si presenta "una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de Motor, una tarjeta que lo identifique como miembro de una tribu indígena, prueba de ser canadiense, o el pasaporte visado", según el texto.

La medida legislativa contempla como un crimen menor punible con 20 días de cárcel si no lleva documentos migratorios.

Como una diferencia con la ley de Arizona, la propuesta migratoria de Florida permitirá que los jueces dicten sentencias más duras contra indocumentados encontrados culpables de cometer crímenes y convierte los delitos de tercer grado en delitos de segundo grado, lo que acarrea sentencias más graves.

También requerirá que los jueces tomen en cuenta la situación migratoria de los arrestados antes de imponer fianzas "porque un ilegal es más propenso a fugarse", subrayó McCollum.

El fiscal aseguró que esta ley es "importante y necesaria desde hace tiempo en Florida, que no será un santuario para extranjeros ilegales".

Asimismo, establece que los negocios utilicen el sistema federal de verificación de identidad "E Verify" y convierte en un crimen la búsqueda de trabajo sin permiso legal.

De acuerdo con William Snyder, su propuesta legislativa es necesaria en Florida debido "a la enorme presión de los ciudadanos de Florida" y los problemas sociales que considera inherentes a la inmigración ilegal, como la criminalidad, la presencia de pandilleros y el tráfico de drogas.

"El tema de la inmigración es muy emocional", declaró Snyder. "No podemos controlar las emociones (de la gente), pero tenemos el poder de controlar nuestras fronteras y esta propuesta es un paso significativo contra la inmigración ilegal", agregó el representante republicano por el distrito de Stuart, en la costa este de Florida.

La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, entró en vigor el pasado 29 de julio, aunque sin sus secciones más polémicas, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo.

Críticos alegan que la ley puede conducir a la discriminación racial.
por Wendy Thompson

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