BREAKING NEWS
Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

México puede reducir emisiones de CO2 42% hasta 2030 sin perjudicar economía




México puede reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en al menos un 42 por ciento hasta 2030, lo que equivaldría a 477 millones de toneladas, sin que ello afecte negativamente a su crecimiento económico, según un estudio del Banco Mundial difundido hoy en Copenhague.


Áreas como el transporte, la generación de energía, el petróleo y el gas, el sector agrícola y forestal y la mejora de la eficiencia energética poseen un gran potencial para la reducción de CO2, según el informe, que identifica 40 acciones que se podrían implementar a corto plazo y a bajo costo con ese objetivo.


"Construir un modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono en México es una posibilidad real y tangible que se puede lograr con costos económicos y financieros relativamente bajos. Pero requiere formular políticas que permitan acelerar la implementación de las acciones requeridas", aseguró Todd Johnson, coautor del informe.


"México: estudio sobre la disminución de emisiones de carbono" (MEDEC) es el título del documento, que defiende aumentar el número de viajes en transporte público y mejorar la eficiencia de la flota, otorgando concesiones privadas y fomentando la integración entre transporte y desarrollo urbano a nivel municipal y federal.


En el área de la agricultura y la silvicultura se apunta a reducir la deforestación, que con la degradación de la tierra constituye una de las principales fuentes de emisiones de CO2 en México, y promover la forestación y la reforestación a través de una mejor gestión de los bosques y las plantaciones comerciales.


El informe defiende sustituir las plantas que funcionan con combustibles fósiles por otras que usen tecnologías basadas en energías renovables como la hidráulica, la eólica, la geotérmica y la biomasa, para atender así al aumento considerable de las necesidades energéticas que se prevé para los próximos años.


Mejorar la eficiencia energética en los sectores público, residencial, comercial e industrial será prioritario para reducir las emisiones de carbono, pues representan el 95 por ciento del consumo de energía eléctrica y el 48 por ciento del total de la energía que consume el país.


La eficiencia energética de los motores y hornos industriales podría mejorarse y aprovechar el potencial en la cogeneración industrial inutilizada en varias industrias, según el estudio.


Estas medidas redundarían en mayor seguridad energética y mejoras en la salud y la protección del medio ambiente, estimulando la transferencia de recursos financieros derivados de créditos de carbono y de programas internacionales que promueven la mitigación del cambio climático.


El estudio fue presentado en relación con la celebración en la capital danesa de una conferencia organizada por GLOBE (Organización de Legisladores Globales), que reunió este fin de semana a 120 diputados de las 16 principales economías para impulsar un acuerdo mundial sobre clima en la cumbre de diciembre en Copenhague.

Acerca del Autor