Obama está feliz, pero no tanto, con desmonte parcial de ley antiinmigrante


El presidente de EE.UU., Barack Obama, elogió hoy el fallo del Tribunal Supremo que anuló la mayoría de las cláusulas más polémicas de la ley del estado de Arizona contra la inmigración ilegal, pero se declaró "preocupado" por el hecho de que seguirán en vigor los controles de identidad sobre cualquier sospechoso.

"Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses", dijo Obama en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

El mandatario demócrata señaló que la decisión del Tribunal Supremo "deja en claro y sin equívocos que el Congreso debe actuar sobre una reforma migratoria integral" porque un mosaico de leyes estatales no resuelve los problemas del maltrecho sistema de inmigración estadounidense.

El Tribunal Supremo de EE.UU. suprimió hoy tres de las cuatro cláusulas clave de la ley de Arizona, considerada la más dura contra la inmigración ilegal, pero dejó con vida la disposición más controvertida, que permite a la policía comprobar sin motivo aparente el estatus migratorio de cualquiera.

Esta posibilidad había sido muy criticada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que ven en ella el peligro de una discriminación por motivos raciales.

Muchos hispanos de Arizona -estado fronterizo con México- que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses podrían verse requeridos a probar su estatus sólo por su color de piel o su acento, lo que puede suponer una violación de su derechos civiles.

Obama reiteró, asimismo, el compromiso de hacer cumplir las leyes de inmigración dando prioridad a la seguridad fronteriza y la deportación de indocumentados criminales que suponen un auténtico peligro para la seguridad pública.

En ese sentido, destacó la decisión de su Gobierno de suspender la expulsión de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE.UU. cuando eran menores de 16 años.

Obama expresó su deseo de trabajar con los líderes del Congreso hacia una reforma que responda a las necesidades laborales y de seguridad de EE.UU., a la vez que se defiende su tradición como "nación de leyes y nación de inmigrantes".

La sentencia del Supremo ha atizado el debate dentro y fuera del Congreso sobre cómo responder a la presencia de unos once millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., en unos momentos en que la inmigración se perfila como un tema fundamental en la campaña para las elecciones de noviembre, en las que Obama y el virtual candidato republicano, Mitt Romney, se disputarán la Presidencia.

Ambos candidatos cortejan activamente a los cerca de 12,2 millones de hispanos que se calcula acudirán a las urnas y cuyo voto será clave en estados como Arizona, Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México.

Acerca del Autor