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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Palencia se quedó sin ‘la tajada’ de Bayardo

Un juez de Barranquilla desestimó una demanda contra Gabriel García Márquez y su fallecido hermano Eligio, interpuesta hace 16 años por una persona que inspiró sendas obras de los dos escritores. Miguel Reyes Palencia, un ciudadano de la localidad de Sucre, en el norteño departamento del mismo nombre, es el personaje de “Crónica de una muerte anunciada” y “La tercera muerte de Santiago Nasar” que demandó a los García Márquez.

Reyes Palencia, el “Bayardo San Román” en las dos historias, buscaba que los hermanos escritores le entregaran el 50 por ciento de los beneficios de las obras publicadas.

La juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla, Clementina Godín Ojeda, consideró que “no se vislumbra uno con el nombre de Reyes en alguno de los personajes de la novela 'Crónica (...)'”, sino que ésta es una narración “imaginaria del escritor, en la que involucra un sinnúmero de figuras literarias”. “Si bien Gabriel García Márquez depone haber extractado la esencia de la historia acaecida en Sucre, también es cierto que se demuestra que dichos hechos fueron de connotación”, señaló la juez.

“Hay que anotar que la intimidad y honor del demandante no ha sido afectado por los escritores por la publicación de las novelas de marras por lo que no pueden ser objeto de tutela jurídica (recurso) en el examinado caso, porque en el medio fue ampliamente conocido desde hacía 30 años aproximadamente”, añadió Godín Ojeda.

Asimismo, señaló la juez, “quien promueve la acción, en una acción periodística depone su intimidad ocurrida en su lecho nupcial el día de su boda”.

Igualmente, añadió, “no demuestra el acto que se haya hecho por parte de los escritores que la obtención del material informativo plasmado en los libros hubiera sido el resultado de una intromisión malintencionada y dolosa del demandante”.

El presunto afectado pidió que se condenara a los García Márquez a resarcirle en dinero los perjuicios morales causados por cuanto, consideró, “se divulgó un hecho ocurrido a él, para lo cual ni solicitaron el permiso”.

La defensa de Reyes Palencia demandó a los García Márquez el 13 de octubre de 1994 y tres días después le fue asignado el caso al despacho del Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad norteña colombiana, capital del departamento del Atlántico.

Según la demanda interpuesta, se exigía el pago del 50 por ciento de las utilidades “literarias y cinematográficas de todo orden”, de las que se beneficiaron los García Márquez.

Para la autoridad judicial, “tampoco es de recibo acceder a la participación de utilidades de dichas obras por no demostrarse su calidad de autor o coautor de las mismas, por ser estas exclusivas de la inventiva de los demandados”.

En cuanto a la “La tercera muerte de Santiago Nassar”, la juez precisa que esta obra (en realidad un reportaje del hermano de García Márquez) fue publicada en hechos posteriores a la entrevista concedida por el demandante, donde de forma pública pone de presente un acontecimiento ocurrido en su vida personal.

“La narración del escritor, para esta agencia judicial, es ante todo creación literaria, amparada constitucional y legalmente, máxime cuando ya había sido dada a conocer su vida de forma pública a través de una revista”, concluye la juez Godín Ojeda.

García Márquez se inspiró en un hecho real sucedido el 21 de enero de 1951, cuando, en su lecho nupcial, Bayardo San Román, su personaje, descubre que su esposa, Ángela Vicario, no era virgen y al día siguiente la devolvió a sus padres.

Los hermanos de Ángela (en la vida real Margarita Chica Salas) acuchillaron en plena plaza del pueblo a “Santiago Nassar”, que en la vida real era el descendiente de italianos, Cayetano Gentile, quien vivía entonces en la población sucreña.

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