Palm Bay más cerca de aprobar medida contra indocumentados

La iniciativa, que aún debe ser sometida a una votación final, recibió el apoyo de cuatro de los cinco miembros del Concejo de esa localidad floridana

Orlando, 3 ago.- La ciudad de Palm Bay, en el centro de Florida, aprobó hoy en un segundo debate una propuesta que busca penalizar a las empresas que contraten inmigrantes indocumentados, pese a la oposición de organizaciones comunitarias.



La iniciativa, que aún debe ser sometida a una votación final, recibió el apoyo de cuatro de los cinco miembros del Concejo de la localidad, al sureste de Orlando, en una audiencia pública en la que participaron residentes, activistas locales y estatales, así como líderes religiosos.



"A pesar de que la medida no es tan dura como era inicialmente, siempre es perjudicial para nuestra gente que vive y trabaja en la zona y debemos seguir luchando para que no pase", señaló a Efe Yolanda Gómez, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF), quien estuvo presente en la sesión.



En una primera audiencia, celebrada a mediados de julio, la propuesta recibió luz verde en un acalorado debate tras el cual los concejales se inclinaron a favor de imponer multas en lugar de cargos criminales a los negocios que incumplieran con la medida, como estaba previsto inicialmente.



La propuesta que impulsa el concejal Andy Anderson, en un intento por "detener una nueva forma de esclavitud", establecería multas de 250 dólares y negaría contratos con la alcaldía a aquellas empresas que incurrieran en la falta.



De acuerdo con Anderson, "muchos empresarios están siendo forzados a contratar trabajadores indocumentados para poder competir en el mercado".



"Ellos están usando un doble discurso para justificar la aprobación de una ley que dice que se quiere aprobar para proteger a los trabajadores cuando en realidad lo que hace es discriminar contra ellos", indicó Gómez.



Palm Bay, donde residen aproximadamente 8.000 hispanos, busca seguir los pasos de Hazelton, Pensilvania, y Riverside, Nueva Jersey, localidades donde recientemente se aprobaron ordenanzas que penalizan a los empleadores que contraten indocumentados y a los propietarios que les alquilen casas.



Además de la ordenanza, el Concejo aprobó una resolución para "instar al Gobierno federal a dedicar los recursos necesarios para aplicar las leyes contra los trabajadores indocumentados".



César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño de Educación y Defensa Legal (PRLDEF, por sus siglas en inglés), ha advertido que tomarán acciones legales para revertir cualquier ordenanza que discrimine a los hispanos.



"Como organización, nosotros estamos bregando con este asunto de municipios pequeños que están pasando leyes de este tipo y nos interesa estar presentes para ver cuál decisión toma el Concejo de Palm Bay", declaró a Efe Perales vía telefónica desde Washington.



La agrupación planea presentar próximamente acciones legales contra las ciudades de Hazelton, Pensilvania, y Riverside, Nueva Jersey, por adoptar medidas con textos similares, que prohíben contratar y alquilar vivienda a indocumentados.

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